La acreditación como víctima de una mujer que fue reclutada a los 12 años por la extinta guerrilla de las Farc y obligada a tomar anticonceptivos y tener relaciones sexuales con sus comandantes, abrió una nueva arista para las investigaciones que adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, relacionadas con violaciones a los derechos reproductivos de las mujeres.
Según la jurisdicción, ese tipo de “violencia estructural” dirigida a las niñas y mujeres durante épocas de guerra es tan relevante, que podría establecerse como una forma de tortura, trato cruel o ultraje contra la dignidad personal, un aspecto que se definirá en la investigación del caso.
Según el Auto 266 del 11 de octubre de 2021 –conocido por EL COLOMBIANO– la víctima huyó de su casa a los 12 años para escapar de un entorno familiar de abuso sexual y violencia intrafamiliar, y se sumó a las filas de la guerrilla durante ese mismo año, en 2004.
Tras ingresar como guerrillera, aquella niña fue obligada a tomar anticonceptivos desde el primer día y, posteriormente, presionada para que sostuviera relaciones sexuales con sus compañeros y algunos de sus comandantes.
Todo eso –según el relato– lo tuvo que soportar durante los tres años que permaneció en el monte, pues logró escapar y desmovilizarse en 2007.
Pese a que la “violencia sexual y basada en género” ya había sido incluida por al JEP en el macrocaso 07 sobre Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado, el caso de esta mujer reclutada a los 12 años supone un hito porque se configura como el primero que es aceptado bajo la tesis de que las afectaciones a la libertad reproductiva se pueden catalogar como crímenes de guerra y violaciones al Derecho Internacional Humanitario.
