Las que más se opusieron a que la extradición de Dairo Antonio Úsuga se diera este año fueron las víctimas, quienes pedían espacio para escuchar la verdad que él tenía por contar de sus más de 30 años de actuar criminal dentro de los grupos guerrilleros y paramilitares del país.
Tras su inminente extradición, varias de ellas emitieron comunicados rechazando la envío de alias Otoniel hacia los Estados Unidos y cuestionando el actuar del Gobierno, quien decidió enviarlo en tiempo récord hacia Nueva York para que pague por sus delitos de narcotráfico.
“El estaba contando la verdad y tocando a varios políticos, por eso es la premura de extraditarlo. Estamos extrañados y muy adoloridos”, sentenció la víctima Silvia Berroca, una de las firmantes de la tutela que logró frenar la extradición en el Consejo de Estado por menos de una semana.
Berroca reiteró con que ella y las demás víctimas no estaban en contra de que Úsuga fuera extraditado, sino que habían elevado peticiones a la Corte Suprema, el Consejo de Estado y la Jurisdicción Especial para la Paz para que la entrega al país norteamericano se diera después de que él contará en Colombia todo lo que sabía sobre su pasado dentro del EPL y los grupos paramilitares.
En diálogo con EL COLOMBIANO otro representante de víctimas también enfatizó en la necesidad de que Úsuga hubiera contado sus versiones antes de ser enviado a EE. UU. “Él ya estaba hablando y estaba manifestando su intención de colaborar. Queríamos que nos ayudara a encontrar a algunas víctimas que siguen desaparecidas, queríamos que nos ayudara a comprender cómo es que sucedió todo esto y quiénes le ayudaron”.
Tras su envío a Nueva York, las víctimas pidieron que, al menos, se den espacios en los que ellas puedan participar activamente para hacerle preguntas.
Tal como ordenó la Corte Suprema cuando aprobó la extradición, Dairo Antonio Úsuga deberá regresar al país para pagar sus demás delitos una vez termine su condena en Estados Unidos. Así mismo, la alta Corte aseguró que el gobierno estadounidense deberá posibilitar los encuentros que el exjefe del Clan del Golfo requiera con las autoridades colombianas.
