Aunque periódicamente pareciera que el proceso de elección del nuevo fiscal general de la Nación está a punto de despegar, el tiempo sigue pasando y el cargo más importante del sistema judicial e investigador del país continúa vacante.
El último avance conocido ocurrió el 5 de julio, cuando el presidente Iván Duque derogó el Decreto 450 de 2016, que establecía que la terna de candidatos debía elegirse por una convocatoria pública en la que entraba a pesar la opinión de la academia y las organizaciones sociales. Con esa decisión, el presidente asumió la facultad directa de proponer los candidatos que él quiera.
Pero el nudo estaría realmente en la Corte Suprema de Justicia, órgano que, según el artículo 249 de la Constitución, es encargado de elegir por mayoría calificada al ganador entre la terna.
El tribunal ha avanzado tímidamente en la elección de los seis nuevos magistrados que ocuparán las vacantes actuales en un proceso que, más que por mérito, termina siendo influido por la política. Justo ahí estaría la clave de un entramado en el que el Gobierno se la estaría jugando por tener aliados.
Listas interminables
Desde lo técnico, el panorama es claro y ampliamente conocido: el pasado 4 de junio el presidente Duque anunció en medios de comunicación que estaba “siendo prudente, pues la Corte no tenía sus magistrados completos” y que se tomaría “esta semana y tal vez la siguiente para esperar que la Corte surta ese proceso de llenar las vacantes”. Pero hoy, dos meses después de esa declaración, ni hay candidatos a fiscal ni el tribunal está completo.
De la terna, la Corte debe elegir al nuevo fiscal con al menos 16 votos a favor de un total de 23 magistrados que componen la Sala Plena. Pero actualmente hay 5 vacantes, lo que implicaría que la decisión de los togados, de hacerse hoy la votación, tendría que ser casi unánime. La clave del asunto estaría en la selección de las personas que entrarían a ocupar esos lugares.
Es el Consejo Superior de la Judicatura el ente encargado de crear las listas de elegibles de posibles magistrados y desde el año pasado confeccionó tres; sin embargo, en ninguna de las 15 salas plenas que han tenido lugar este año, la Corte ha elegido nuevos togados.
El pasado jueves 15 de julio, el Consejo envió al tribunal dos listas más: una para elegir al reemplazo de Luis Guillermo Salazar en la Sala de Casación Penal, y otra para elegir al sucesor de Margarita Cabello en la Sala de Casación Civil. Entre ambas suman 59 preseleccionados y todos deberán ser escuchados en audiencia pública para conformar las listas definitivas, de 10 integrantes cada una, que serán sometidas a votación de la Sala Plena.
Este mecanismo, además de extenso, no blinda a la Corte de diversos intereses políticos. Así lo explica el doctor en Ciencia Política y analista Gilberto Tobón Sanín, quien advirtió que aunque no debería ocurrir de esa manera, “a la Corte hoy en día no se llega por mérito, sino por influencias” y señaló que en la elección de sus integrantes se mueven todo tipo de intereses porque ese es un tribunal “que tiene un poder inmenso, ya que no solamente elige al fiscal general, sino que participa también en el diseño de la terna para elegir al registrador nacional del Estado Civil”.
El académico señaló que la razón por la que aún el presidente no entrega la terna es porque “como en la Corte ya no está José Luis Barceló (exmagistrado de la Sala Penal, que ordenó la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe en el caso por fraude procesal), el presidente está esperando que se escojan los nuevos magistrados y dependiendo de eso, hacer una terna que sea del agrado del expresidente Uribe”.
La interinidad
El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Esteban Quintero, a pesar de no conocer a fondo la situación, expresó que: “entiendo que el Presidente no enviará la terna hasta que no se complete las 5 vacantes que tiene la Corte Suprema de Justicia en este momento, con el fin de que no quede muy menguado el quorum de la corporación”.
Por su parte, el senador Armando Benedetti acotó que “lo que se dice en los mentideros políticos es eso, que el presidente está haciendo un cálculo político y por eso no presenta la terna. Pero él no tiene por qué estar pendiente de a quiénes elige o no la Corte Suprema como magistrados, tiene que mandar la terna y punto. Esa es su obligación”.
El senador agregó que cada día que pasa sin que se nombre un fiscal general en propiedad, el país se perjudica porque “con lo que ha hecho el señor Fabio Espitia, fiscal encargado, parece que nunca se hubiera ido Néstor Humberto Martínez”.
Esto, en parecer de Benedetti es perjudicial porque “creo que Martínez no se fue porque quiso, ese señor renunció a la Fiscalía porque tenía muchas inhabilidades éticas, morales y profesionales para estar en el cargo y por eso es más necesario todavía que el presidente presente la terna ya. Eso no da ninguna espera”.
Quien también señaló los perjuicios de no nombrar un fiscal general en propiedad fue el exfiscal Mario Iguarán Arana, quien consideró que “dicha situación tiene una incidencia negativa en la capacidad del funcionario que actualmente ocupa ese rol bajo encargo, para tomar decisiones de fondo”.
El exfiscal agregó que, además, “un largo período de interinidad hace que no haya continuidad respecto a los lineamientos de la política criminal del Estado y frente a las políticas de la entidad” y que, internamente, “genera un clima laboral de zozobra”. Concluyó el exfiscal que Fabio Espitia “lo viene haciendo muy bien y por eso es conveniente que sea él quien quedara en propiedad”.
Sobre la demora del presidente en entregar la terna, Iguarán acotó que desconoce si existe detrás un interés político, pero que “de todas maneras el próximo fiscal sería del presidente Duque, entonces no tendría ningún afán de que se nombre por ahora. Lo importante es que tenga fiscal para cuando ya no sea presidente. Puede alguien estar pensando eso”
