La EPS Medimás ajustó este viernes una de las peores semanas en los dos años que lleva operando.
Además de haber sido retirada de 21 municipios en Cesar, Chocó y Sucre, fue notificada de dos multas relacionadas con mala prestación de servicios a sus usuarios, aunque podrá apelar las sanciones económicas.
De acuerdo con la Superintendencia, Medimás, que cuenta con 3,5 millones de afiliados –dos millones menos que cuando empezó– deberá pagar dos multas que bordean los $5.796 millones.
Estas decisiones representan el “debut” de los nuevos dientes de la Superintendencia de Salud, que fueron aprobados a través de la Ley 1949 de 2019, que le permitió aumentar las multas desde 2.500 salarios mínimos legales vigentes (SMLV) hasta 8.000 SMLV (Ley 1438 de 2011).
¿De qué se trata?
Hay que destacar que la primera sanción es la multa más alta aplicada en la historia contra una EPS, alcanzó los $4.968 millones, y tiene que ver con la “no entrega de medicamentos a 70 pacientes trasplantados”, según la Supersalud.
Los “nuevos dientes” fueron aprobados en el Congreso cumpliendo una promesa del presidente Iván Duque, con el objetivo de que la Superintendencia tenga más capacidades sancionatorias y, de esta manera, “poner en cintura” a las empresas que nos les cumplen a sus usuarios y les vulneran su derecho a acceder a una atención en salud de calidad y ágil.
En su momento, el supersalud, Fabio Aristizábal, señaló que el mensaje que se le enviaba al país era de “no seguir permitiendo que abusen de los recursos de la salud”, y destacó que es el momento de hacer todo lo posible para que “no se pierda un solo peso más en el sector”.
La segunda, de $828 millones, tuvo que ver con “el no suministro de información obstruyendo el proceso de inspección, vigilancia y control”, pues no respondía a las preguntas que le hacía la Supersalud sobre las acciones para suministrar los medicamentos a los pacientes.
Como respuesta Medimás señaló que las sanciones carecen “de fundamento legal”, y argumentó que la normatividad aplicable era la Ley 1438 de 2011 y no la Ley 1949 de 2019.
“Los hechos investigados corresponden al año 2018”, dijo Medimás, agregando que apelará la decisión y precisando que estas multas no “afectan la operación”.
Así ven las multas
Desde la organización Defensa del Paciente, su director, Francisco Castellanos, señaló que “era hora de que las sanciones contra las EPS que no cumplen con la prestación de servicios a los usuarios fueran más drásticas. En ese sentido la Superintendencia tiene más capacidades”.
Planteó la preocupación de que “Medimás use recursos para la salud en el pago de esta sanción” y aprovechó para llamar la atención de los organismos de control, para que estén “atentas y así garantizar que la multa sea pagada con patrimonio propio de los accionistas y no con recursos públicos”, que son los que cada EPS recibe por la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
El procurador, Fernando Carrillo, por su parte, recordó que estas dificultades de hoy se vieron venir desde el inicio de operación de la EPS, que el pasado 1 de agosto cumplió dos años.
Carrillo indicó que “hemos insistido en la necesidad del respeto a la ley, al paciente, y creo que de aquí en adelante se marca una pauta”. De igual manera, destacó que con estas sanciones “se marca una pauta”, para que las EPS mejoren, “porque hay que tener conciencia de que con los recursos no se juega”.
La CIDH pregunta
Por otra parte, EL COLOMBIANO accedió a un oficio que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le envió a Carlos Holmes Trujillo, ministro de Relaciones Exteriores, en el que le solicita que le entregue un reporte de las actuaciones que ha ejecutado, alrededor del caso de Jorge Andrés Hincapié, un paciente que en 2017 le solicitó medidas cautelares a esta instancia internacional.
Hincapié, afiliado a Medimás, sufre de xantomatosis cerebrotendinosa, una enfermedad metabólica clasificada como huérfana, que afecta la movilidad, y que en este diario ha denunciado en tres ocasiones que no recibe el tratamiento médico diagnosticado.
“Espero que el gobierno colombiano me direccione todos los documentos como debe ser y que tome medidas, ante la Superintendencia de Salud y el Ministerio de Salud, para que me solucionen el caso, que está represado desde hace cinco años”, indicó Hincapié.
Este diario le mostró el oficio al ministro Trujillo, quien estuvo ayer en Medellín, e indicó que no se podía pronunciar sobre “un caso tan particular”, porque desconocía la solicitud, pero que revisará el caso con el área encargada.
Finalmente, Medimás respondió que “mensualmente se le autorizan consultas en Socimédicos, terapias físicas y neurológicas en Neuroser, consultas, su silla de ruedas ya está en cotización su transporte para los tratamientos, que es garantizado por la Organización De Transportes Terrestres Especiales (Otte)”, desvirtuando las denuncias del paciente y la solicitud de la CIDH.
El caso seguirá en estudio en la Comisión Interamericana, para determinar si aplica o no las medidas cautelares solicitadas por Hincapié, para proteger su salud.
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