El cerco se cierra sobre la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Concepción Baracaldo. La Procuraduría la requirió por el posible freno a la entrega de bienestarina a menores, pero también enfrenta las escandalosas cifras sobre violación de niñas indígenas en Guaviare y se le cuestiona por el número de niños muertos por desnutrición en La Guajira. Todo esto la ha puesto en una posición que, para varios congresistas, es insostenible.
Por esta razón, miembros de la bancada del Pacto Histórico preparan un debate de control político en su contra, que se llevaría a cabo en marzo cuando re inicien las sesiones. Y es que el presente de Baracaldo en el Bienestar Familiar –una institución que vela por los derechos de las familias y los menores de edad– dejó de ser un tema netamente político a ser uno que pasa por la mirada de entes de control, como la Procuraduría.
En cuanto a lo político, figuras del petrismo como el exsenador Gustavo Bolívar, los senadores Martha Peralta y Wilson Arias, así como la representante Katherine Miranda (Alianza Verde), han llegado a pedir la renuncia de Baracaldo. Y por el lado de la oposición, la renuncia pasa por descontado y pide que llegue alguien “más idóneo”.
En esa línea está el senador Miguel Uribe Turbay (Centro Democrático), quien manifestó que “si Petro quisiera sacar de los cargos a los funcionarios que han puesto en riesgo a sus sectores, debería pedirles la renuncia a muchos. De nada sirve si le pide la renuncia (a Baracaldo) si nombra a otra persona que no cuenta con las características idóneas para proteger a los menores de Colombia”.
Por su parte, el senador David Luna (Cambio Radical), recordó que el director regional del ICBF en Guaviare dijo que “no son tan preocupantes” los casos de violación sexual de niñas indígenas. Al respecto, afirmó: “Este es el resultado de mantener como directora del Bienestar Familiar a una persona sin la mínima experiencia, que convirtió esta institución en un fortín para el amiguismo político”.
Los casos de violencia sexual contra menores de edad indígenas en el Guaviare han sido motivo de preocupación en todos los sectores políticos –la Fiscalía habla de 378 casos en los que son víctimas integrantes de comunidades indígenas– y piden acciones y respuestas del ICBF y del Ministerio de Defensa.
Sobre esto, la representante a la Cámara Jennifer Pedraza expresó que “Colombia no puede seguir normalizando la explotación sexual de niños y niñas en el Guaviare ni el fallecimiento de la infancia en La Guajira por desnutrición. Colombia no puede ser la potencia mundial de la vida si los derechos de la infancia no están garantizados”.
Sin ir más lejos, la molestia de los sectores políticos con la gestión de Baracaldo –que incluso el presidente Gustavo Petro ha criticado en público– la tiene pendiendo de un hilo y con la pregunta de si ser ficha de la Primera Dama, Verónica Alcocer (como lo reconoció) lo podrá mantener por más tiempo. Al cierre de esta edición, el ICBF no hizo comentarios sobre los hechos aquí narrados.
