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Según Supersalud, en lo que va de 2023 se han puesto 873 mil quejas contra EPS
La falta de oportunidad en la asignación de citas de consulta médica especializada es de las quejas más recurrentes.
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Mayo es el mes que más quejas registró, con 116.994. FOTO COLPRENSA -
La Superintendencia de Salud es la encargada de vigilar el funcionamiento y prestación de servicios de las EPS. FOTO CORTESÍA
11 de septiembre de 2023
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La Superintendencia Nacional de Salud reveló que en lo corrido del año se han presentado 873.082 quejas contra las entidades promotoras de salud (EPS), tanto subsidiadas y contributivas.
La cifra fue revelada por el diario El Universal y mostró que esas quejas se distribuyen por mes de la siguiente manera: enero, 97.041; febrero, 103.927; marzo, 118.455; abril, 101.717; mayo, 116.994; junio, 109.188; julio, 106.580; y agosto, 119.180.
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De acuerdo con la entidad que vigila su funcionamiento, las EPS contra las que se interponen más quejas por parte de los usuarios en relación con el número de afiliados son: Servicio Occidental de Salud, Capital Salud, Compensar, Famisanar, Sanitas, EPS Sura, Salud Total, Nueva EPS, Cajacopi, Mutual Ser y Salud Bolívar.
Los reclamos más repetidos ante la Supersalud se distribuyen en la falta de oportunidad en la asignación de citas de consulta médica especializada; la falta de oportunidad en la entrega de medicamentos del plan de beneficios en salud (PBS), la falta de oportunidad para la prestación de servicios de imagenología, la falta de oportunidad en la programación de cirugías y la demora en la programación de exámenes de laboratorios o diagnóstico.
Sin embargo, estas cifras hay que ponerlas en contexto con el número de atenciones garantizadas por las EPS a sus usuarios. Según datos del Sistema de Información de Prestaciones de Salud (RIPS), solo entre enero y marzo de este año las aseguradoras asistieron a 10.027.955 personas únicas, cubrieron 1.665.321 intervenciones quirúrgicas, garantizaron 47.261.221 atenciones en salud y gestionaron 217 trasplantes.
Es decir, que el número de quejas presentadas ante la Supersalud representan el 1,8 % de las atenciones en salud que se garantizaron. El número de quejas contra esa entidad y el número de tutelas contra las EPS ante los jueces suelen ser usados como argumentos contra el sistema de salud.
Hasta agosto de este año, se presentaron 57.757 tutelas pidiendo amparo por el derecho a la salud. Esa cifra también comparada con el número de atenciones son el 0,1 % de las atenciones hechas.
¿Qué se hace con las quejas?
Esta entidad manifestó que teniendo en cuenta la patología de cada ciudadano que acude a ellos, la entidad clasifica en tres tipos de riesgo todas las reclamaciones recibidas y las traslada a los vigilados para que estos brinden el servicio que el usuario requiere.
La Superintendencia de Salud es la encargada de vigilar el funcionamiento y prestación de servicios de las EPS. FOTO CORTESÍA
Esta clasificación les permite a las EPS ser más efectivas en la gestión de las soluciones. La clasificación se divide en tres tipos de riesgo.
El reclamo de riesgo simple, que se refiere a aquellas situaciones en las que no está en riesgo la vida del paciente, por ejemplo: viáticos, recobros, incapacidad, consulta externa; y se deben resolver por parte del asegurador en un término máximo de 72 horas.
El reclamo de riesgo priorizado, es el que involucra algún riesgo para la salud de las personas y afecta a la población más vulnerable de la sociedad. Por ejemplo, los ciudadanos desplazados o paciente con fractura cerrada o con dolor de oído. Estas reclamaciones no podrán superar el término máximo de 48 horas de respuesta.
Y el reclamo de riesgo vital, que se refiere a esas condiciones que implican un riesgo inminente para la vida de las personas que, de no recibir el servicio requerido en el corto plazo, podrían presentar un rápido deterioro que pone en riesgo su integridad e incluso ocasionar su muerte. No podrá superar el término máximo de 24 horas de respuesta.
La Supersalud explicó que los incumplimientos por parte de las EPS acarrean el inicio de una investigación administrativa con fines sancionatorios.
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Periodista con cinco años de experiencia en medios de comunicación.
