El Gobierno Nacional ni está dispuesto ni en condiciones a cumplir con el fallo del Juzgado 11 Administrativo de Bogotá que le ordenó exigir la prueba negativa para coronavirus a todas las personas que ingresan al país en vuelos internacionales. Así lo dejaron claro el presidente de la República, Iván Duque, y el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez.
La decisión se conoció este jueves, después de que el juez Giovanny Legro ratificara la decisión que había tomado, tras la solicitud del Ministerio de Salud de aclarar los argumentos del fallo, y le dio 96 horas para dar inicio al cumplimiento de lo expuesto en su providencia, que fue un fallo de tutela.
De acuerdo con declaraciones del ministro cuando se conoció el fallo, las órdenes del juzgado generan una afectación sobre la estrategia sanitaria de contención de la epidemia que se ha desarrollado durante el año. Además, genera una limitación sobre la autoridad sanitaria, por lo que se toma la decisión de declarar la imposibilidad de cumplimiento.
Sin embargo, este viernes advirtió que no se trata de un desacato, sino de una impugnación en la que le hará saber a la justicia por qué no se puede acatar ese fallo, a la espera de que la decisión sea revertida.
¿Por qué no implementarlo?
Con la dificultad y lo innecesario de implementar el fallo están de acuerdo la mayoría de los epidemiólogos, quienes sustentan que las PCR no son garantía de nada, porque el virus se pude estar incubando al momento de a prueba sin que existan esporas todavía para detectarlo, como le explicó a EL COLOMBIANO Carlos Agudelo, infectólogo y epidemiólogo de la Clínica Bolivariana y del San Vicente Fundación de Rionegro.
Además, se aventuró a decir que si se fuera exigente en la PCR negativa para los vuelos, también debería hacerlo con los vuelos domésticos, y en cualquier movilización que se dé de una ciudad a otra.
Pero más allá de la prueba, está la cuarentena que según la decisión judicial habría que exigirle a los viajeros internacionales. De acuerdo con el exministro de Salud, Jaime Arias, “ningún gobierno puede garantizar el cumplimiento de la cuarentena a menos que confine a los viajeros en un lugar de donde no puedan salir y los vigilara 24 horas diarias. En parte es una cuestión de confianza”.
Así las cosas el Gobierno tendría que responder con sus recursos para garantizar la cuarentena de personas que en su mayoría no están infectadas o imponer a los turistas que paguen la cuarentena de su bolsillo, lo que en la práctica aniquilaría la posibilidad de que Colombia sea un destino turístico, justo cuando se está tratando de reactivar ese sector de la economía tan golpeado por la pandemia.
De hecho, el también exministro de Salud, Alejandro Gaviria, le dio la razón al ministro Ruiz, ya que consideró que “ese fallo es un despropósito y una amenaza al orden institucional”.
E incluso la Organización Mundial de la Salud ha dicho que la PCR negativa genera una falsa seguridad en los viajeros, quienes minimizan el autocuidado, facilitando así nuevos focos de infección. Además, teniendo en cuenta la situación epidemiológica actual del país, en la que el virus ya circula por todo el territorio, la exigencia de una prueba no tiene el efecto esperado.
Sin embargo, países como España exigen la prueba PCR para viajeros internacionales de 65 países desde el 23 de noviembre.
¿Y la justicia?
Pero en estas circunstancias hay que revisar otro asunto, y es el efecto que puede tener para el Estado de Derecho que los funcionarios decidan desacatar una orden judicial, teniendo en cuenta el principio de equilibrio de poderes y de independencia y autonomía de los poderes públicos.
Al expresidente de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, le preocupa la relación del gobierno del presidente Iván Duque con la Justicia. “No es la primera vez que el actual gobierno incumple un fallo judicial. Se le está convirtiendo en costumbre, lo acreditan los casos del tránsito de tropas extranjeras por territorio colombiano y de uso excesivo de la fuerza policial. Aunque antes, respecto al fallo que no le agradaba, disimulaba y decía “acatarlo” y “respetarlo”. Ahora, ante esta sentencia de ha expresado sin rubor que no cumple la orden judicial, y que por tanto se abstendrá de exigir la prueba ‘mientras se adelanta todo el proceso legal’”.
Y agregó que “es muy grave la actitud gubernamental, no solamente por el caso del que se trata, en ekl que está de por medio el derecho a la vida, sino por ser un precedente más que se sienta. Los fallos judiciales, según el Gobierno, no obligan; proponen... Cumplir las órdenes impartidas mediante fallos judiciales no es algo optativo”.
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