La aprobación en el Congreso de la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores de edad, aún tiene varios obstáculos por franquear, razones por las que este acto legislativo podría sucumbir en la Corte Constitucional.
El primero de ellos está consignado de manera explícita en la Constitución Política, específicamente en el artículo 34: “se prohiben las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación...”. Bajo esa premisa, el cambio de este artículo de la Constitución sería uno de los argumentos con los que la Corte Constitucional daría la espalda al acto legislativo, porque esta modificación implica sustituir los valores y principios que según la misma Corte no pueden vulnerarse, ya que, al hacerlo, iría en detrimento de la dignidad humana y no permitiría, en este caso, la rehabilitación de un condenado.
Así lo explica el abogado constitucionalista Juan Manuel Charry al afirmar que “acá toca demostrar que la cadena perpetua estaría modificando un elemento esencial de la Constitución del 91, que es una constitución personalista y garantista de los derechos y libertades de las personas. Establecer cadena perpetua violaría esa esencia constitucional de establecer garantías y derechos”, dice Charry, y agrega que para hacerse efectiva, deberá tener un marco normativo que aún no existe, porque solo con lo que dice la Constitución, no puede aplicarse lo aprobado.
Además, agrega Charry, Colombia ha suscrito tratados internacionales en el marco de los derechos humanos que hacen parte del bloque de constitucionalidad, y este tipo de actos irían en contravía a lo dispuesto en el país para la protección y garantías de los derechos de las personas.
¿Es poco aplicable?
La aplicabilidad de lo aprobado con respecto a la cadena perpetua es otro de los asuntos que para Helena Hernández, abogada penalista y docente en las universidades Del Rosario y la Gran Colombia, llevaría a tumbar el acto legislativo por la Corte.
Hernández asevera que la modificación hecha por el Congreso no es acorde a las finalidades constitucionales vigentes, que buscan resocializar a los que han cometido algún delito y no pueden ser degradantes o inhumanas.
“Es incompatible una cadena perpetua con nuestro modelo constitucional. Se puede caer o la Corte puede condicionarla debido a que esto necesita una reforma al código penal y eso es lo más problemático, porque lo que se acaba de aprobar tiene, a la larga, muchas condiciones favorables para los mismos condenados en la actualidad”, expresa la jurista.
Además, Hernández enfatiza en que los legisladores omitieron un asunto importante y es que este tipo de condenas en materia de política criminal no disuade al victimario, “porque lo que disuade no es una pena alta, es la efectividad de administración de justicia, que se capture y se judicialice a los infractores, y esto en Colombia no sucede”.
En esa vía, dice Hernández, aumentaría la impunidad del delito porque un victimario no pensará en cuanta cárcel le darán al saber que es cadena perpetua, sino en que tan fácil pueda ser capturado y, al concluir que no lo será, no le preocupa y cometerá el delito contra los niños.
Falta atacar las causas
Otro argumento que la Corte usaría para hundir la cadena perpetua es que en su control de constitucionalidad podría argumentar que con esta medida se está atacando el problema más no las causas que generan que se cometan este tipo de delitos.
El abogado penalista y defensor de derechos humanos, Carlos Arcila, comparte el anterior postulado y, a su vez, considera que en Colombia la protección del menor de edad no puede ceñirse a asuntos punitivos que llevarían a más impunidad, y ese será uno de los argumentos para que la Corte Constitucional diga no.
“El problema no son las medidas sino las causas que las originan y eso es precisamente lo que hay que atacar, no las consecuencias. Se debe trabajar en normas que protejan a la niñez porque son los más afectados no solo en la violación, también en reclutamiento”, afirma Arcila.
Aunque el presidente Iván Duque le dio el visto bueno al afirmar que con este acto “los derechos de los niños están por encima de los demás”, algunos abogados penalistas como Francisco Bernate están convocando a colegas y a estudiantes para demandar este acto legislativo que, como lo dijo a EL COLOMBIANO, una cadena perpetua no permite la resocialización y, por el contrario, incentivaría la agresión de los niños en el país . n
