El Gobierno tendrá hasta julio del próximo año para finalizar la nueva delimitación del páramo de Santurbán. El tiempo comenzará a correr desde el 10 de noviembre, día en que vencía el plazo dado por la Corte Constitucional para dar a conocer la nueva resolución de protección para el ecosistema.
Así lo decidió el Tribunal Administrativo de Santander en la noche del martes, tras analizar la solicitud realizada por el ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, quien argumentó la llegada del nuevo Gobierno y la falta de acuerdos con las comunidades como los factores que impedirían cumplir la orden en el tiempo dado.
Sin embargo, en los últimos meses del saliente ministro, Luis Gilberto Murillo, los involucrados se quejaron porque el proceso no avanzaba en el mandato de incluir a los involucrados en la decisión.
Tal como lo explicó Erwin Rodríguez, uno de los accionantes de la tutela ante la Corte, ve “difícil” que la nueva delimitación salga en ocho meses si “se sigue vulnerando el derecho fundamental a la participación ambiental como ocurrió en el Gobierno Santos.
Agregó que lo más conveniente sería que el Ministerio decidiera trazar como línea de protección desde lo que se considera páramo, según el Instituto Von Humboldt, que no es más que “todo lo que hay arriba de las bocatomas del acueducto metropolitano de Bucaramanga”.
Por su parte, la representante de la asociación de municipios del páramo, Ivonne González, enumeró varios aspectos negativos a la prórroga: “Son ocho meses más de incertidumbre y eso ha favorecido la extracción ilícita”.
Añade que al no estar claro el modelo de financiación para la región, “es difícil” que el Estado asigne recursos para compensar las afectaciones derivadas de la delimitación.
“La prohibición de actividades y la ausencia de recursos para la compensación, sustitución y reconversión implicaría que los costos económicos, sociales y humanos serían trasladados injustamente a las comunidades”, expresó.
Después de todo, las alcaldías de la zona conocida como Soto Norte han alertado durante los últimos dos años que el desempleo en sus comunidades alcanza cifras superiores al 90%.
“Por todo eso, esperamos que el ejercicio de participación, consulta y concertación no se limite a reuniones de socialización por parte del Ministerio”, concluyó González.
