La Resolución 1463 del 25 de agosto de 2020 incluyó que las pruebas de coronavirus hagan parte de la canasta de servicios y tecnologías en salud, que se financian con los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), es decir, los recursos que el Gobierno gira a las Empresas Promotoras de Salud (EPS).
Esta es considerada una buena noticia en el sector, pues permitirá que la solicitud de la prueba y su aplicación se realice de manera más eficaz.
Sobre esto, el infectólogo Carlos Álvarez, asesor del presidente Duque y designado por la Organización Mundial de la Salud para los estudios clínicos alrededor del coronavirus, señaló que “ya no es necesario” este procedimiento para solicitar las pruebas diagnósticas de coronavirus en el país. “Una buena noticia para facilitar la solicitud de las pruebas diagnósticas”, indicó en su cuenta de Twitter.
El infectólogo y epidemiólogo del hospital San Vicente Fundación de Rionegro, Carlos Agudelo, señaló que el Mipres lo que significa es que se debe hacer el trámite administrativo para tecnologías o servicios de salud no incluidos en el Plan Básico de Salud (PBS), como hasta el momento funcionaba con las pruebas de coronavirus.
Al respecto, María Ángela Restrepo, directora comercial de la Clínica Universitaria Bolivariana, explicó que con el coronavirus, el lineamiento que tenía el personal de salud del país era que, para que las aseguradoras pudieran recobrar el servicio que estaba por fuera del PBS, como hasta el momento las pruebas, el médico debía realizar el Mipres, que es una plataforma en la que se justifica la decisión del médico tratante para formular el medicamento o la tecnología que no está dentro del PBS.
“El profesional debía ir a la plataforma, llenar los formatos y era un trámite administrativo que se convierte en tiempo que el personal de salud necesita para invertirlo en los pacientes más que en trámites administrativos”, manifestó.
Además, la profesional destacó que esta era una solicitud que se le venía haciendo al Ministerio de Salud, pues permite acortar el tiempo en la vía administrativa y el profesional de salud podrá invertir ese tiempo en tareas asistenciales.
