La iniciativa le apuesta también a que la reducción también cobije a los altos funcionarios del Estado y no solo a los parlamentarios.
En el primero de sus ocho debates en el Congreso, este martes la Comisión Primera del Senado aprobó el proyecto de acto legislativo –es decir, que implica modificar la Constitución–, que da vía libre a la reducción de los salarios de los congresistas.
Con 16 votos a favor y cero en contra, la Comisión avaló la iniciativa, ideada para reducir hasta en un 50% el salario de los parlamentarios a partir del 20 de julio de 2026.
La iniciativa no fue discutida como primer punto del orden del día, lo que hacía temer que una vez más su debate quedara en veremos. Sin embargo, al final hubo humo blanco, pese a que sus autores insisten en lo apretado de los tiempos para dar los ocho debates en un año.
“Cada sesión que pasa el proyecto empieza a estar más cerca de los cuidados intensivos. Sí está en este momento en riesgo por tiempos. Hemos insistido. Tres sesiones se estuvo debatiendo el orden del día”, reclamó la senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, ponente de la iniciativa.
El proyecto establece que la remuneración mensual de los parlamentarios no podrá superar los 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo que implica una reducción significativa en comparación con el salario actual de $48 millones.
Desde la oposición, los senadores Paloma Valencia (Centro Democrático) y Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical) impulsaron una proposición para que la reducción también cobije a los altos funcionarios del Estado. Además, otra propuesta para que la iniciativa entre en vigencia inmediatamente y no en 2026, como se contemplaba inicialmente.
“Logramos aprobar una proposición que extiende la medida de reducción de salarios de los congresistas a los demás altos funcionarios del Estado (incluyendo los de empresas mixtas). De manera que, el ahorro para los contribuyentes será mayor y el cierre de brechas salariales más efectivo”, aseguró Motoa.
Recientemente, el congresista aseguró que no es cierto que el salario de los parlamentarios sea el de mayor asignación del presupuesto público. El listado lo lidera el director del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, quien recibe mensualmente $64’733.00. Le sigue el auditor General de la República, quien al mes tiene ingresos por $55’313.000. Ese mismo ingreso lo reciben el contralor General, la defensora del Pueblo y el fiscal General de la Nación.
Previamente, en medio de la controversia por la consulta popular que anunció el presidente Gustavo Petro para lanzarle un salvavidas a sus reformas, la representante independiente Catherine Juvinao (Alianza Verde) pidió incluir en el mecanismo una pregunta que le consulte a los colombianos si están o no de acuerdo con que se le baje el salario a los congresistas de la República.
La reforma para reducir el salario de los senadores y representantes ha fracasado desde hace varios años y por más que se presente en las diferentes legislaturas se hunde ante la falta de apoyo, porque no están los votos suficientes o porque no se le dio el debate al articulado. Entre 2015 y 2021, al menos 10 proyectos similares pasaron por el Congreso, pero ninguno prosperó.
