Una semana después de que se conocieron los efectos del huracán Iota en San Andrés y Providencia, la Procuraduría General de la Nación llamó la atención del Gobierno Nacional para que se garantice el derecho a la salud en la región.
Gelman Rodríguez, procurador delegado para asuntos de salud, le envió un oficio al ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, en el que señala que tanto San Andrés como Providencia (que sufrió una afectación del 98 % en su infraestructura) y Santa Catalina se encuentran “en condición de vulnerabilidad como consecuencia del impacto generado por el huracán”.
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De acuerdo con el oficio, la Procuraduría conoció que se han diagnosticado al menos 35 casos nuevos de coronavirus, resultado de pruebas que fueron realizadas entre el 20 y el 22 de noviembre pasado, “de los cuales algunos de ellos permanecen en tiendas de campaña instaladas provisionalmente para atender la emergencia y otros han sido trasladados a San Andrés”.
El delegado de salud de la Procuraduría, además, señaló que este panorama obliga a que el Gobierno Nacional garantice la activación de la estrategia Prass y los protocolos de tamizaje masivo y cerco epidemiológico, a efectos de impedir el escalamiento de la pandemia que “podría estar altamente favorecida por las condiciones de cercanía o hacinamiento provenidos de la permanencia de la población en refugios temporales, disponiendo la existencia y garantizando el suministro de tapabocas a toda la población del Archipiélago”.
Por otra parte, el delegado de la salud planteó otra preocupación alrededor de la escasez de medicamento, insumos y dispositivos médicos, como alcohol, esparadrapo, micropore, algodón, cabestrillos, férulas, guardianes, tirillas y lancetas para glucometría, entre otros.
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“Situación que deberá ser evaluada y resuelta en forma inmediata, dadas las graves consecuencias de su carencia, sobre la morbimortalidad por enfermedades generales de origen común y las lesiones sufridas producto del fenómeno natural”.
Asimismo, la Procuraduría solicitó un plan de acción orientado a garantizar el derecho a la salud, el cual deberá ser presentado por las entidades administradoras de planes de beneficio, de la Secretaría de Salud, del hospital Clarence Lynd Newball y del Ministerio.
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