El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá volvió a ser protagonista por el freno que le puso un juez al decreto que firmó la alcaldesa Claudia López a finales del año pasado.
La orden impartida fue la de suspenderlo provisionalmente mientras se estudia a fondo la demanda que presentó el senador electo por el Centro Democrático Miguel Uribe, relacionada a una supuesta falla en el debido proceso a la hora de discutir el POT en el Concejo de Bogotá.
En otras palabras, para no afectar lo avanzado en su reglamentación, dicho plan llamado Reverdecer a Bogotá 2022-2035 deja de regir temporalmente.
Detrás del recurso interpuesto hay una principal motivación de Uribe, recién electo congresista. Según él, hubo una estrategia arbitraria a la hora de expedir el Decreto 555 de 2021. Eso lo llevó a demandarlo en febrero contra el decreto de la mandataria distrital.
Tras conocer la decisión de Samuel Palacios, juez encargado del caso, Uribe salió a insistir este miércoles en que el trámite para el POT fue ilegal, pues a su parecer López no tenía la facultad para expedirlo, y eso derivaría en una arbitrariedad.
Otra de las advertencias es que posiblemente el Plan tenga inconsistencias que lo hacen inconveniente. En boca de Uribe, van relacionadas a la “manera francosa y abusiva en la que Claudia López promovió la avalancha de recusaciones para evitar el debate de fondo y poderse autohabilitar para expedirlo por decreto no les funcionó”.
Ante esas acusaciones, Claudia López salió a exponer lo que para ella es legal, ya que los plazos se cumplieron. Por eso advirtió que presentará una apelación a la medida provisional ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca porque disiente del fallo.
Según ella, “asumir que el trámite de una recusación suspende los términos perentorios establecidos en la ley” implicaría poner en vilo la entrada en vigencia de importantes normas.
Discordia en el trámite
El debate de fondo es que cuando se presenta un POT, hay unos plazos para su trámite en el Concejo, el cual es de 90 días. Ese es el tiempo que tienen los cabildantes para analizarlo y dar un pronunciamiento.
No obstante, si en ese lapso no se concluye el debate, el poder para sacarlo por decreto pasa a tenerlo la alcaldesa, en este caso Claudia López. En eso fue que se amparó ella para el 29 de diciembre expedir el llamado Reverdecer a Bogotá 2022-2035.
Pasa que para Miguel Uribe eso no fue así, pues no se tuvieron en cuenta 48 días que tenían que descontarse por la suspensión del debate, ya que hubo 92 recusaciones que entraron a revisarse.
La alcaldesa concuerda con que hubo recusaciones, pero para ella su decisión se acoge a la ley y espera que así se aclare en segunda instancia. Para la mandataria, este enredo jurídico tiene a la vez una plena intención política en la que ella seguirá defendiendo a Bogotá “de los politiqueros y corruptos que solo defienden intereses indebidos”.
