La oferta de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán) al Gobierno para la compra de las tierras que serán entregadas a los campesinos en la reforma agraria ya deja su primer enfrentamiento entre ese gremio y el Ministerio de Agricultura que dirige Cecilia López.
Fedegán presentó a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) 306 propuestas de fincas correspondientes a 262.433 hectáreas ubicadas en 19 de los 32 departamentos del país, pero López respondió que algunos de esos terrenos no cumplen con los requisitos de la Casa de Nariño para efectuar una transacción entre el sector terrateniente y el Estado.
“Tenemos que comprar donde está la tierra productiva y mal usada. Así que muchas de las ofertas que nos están haciendo salen (...) No están dentro de los criterios”, enfatizó López durante el corte de cuentas de su cartera.
Y es que el interés del Ejecutivo es adquirir terrenos productivos donde los campesinos puedan cultivar comida, una vez se surta el proceso de distribución de tierras que pretende hacer la reforma agraria que será tramitada en el Congreso en 2023.
Sin embargo, el escollo de esa puja está en que la cartera debe verificar cuáles de esos campos son –efectivamente– cultivables para evitar comprar simples potreros en los que no se puede sembrar.
Es más, otro pero que puso la ministra López es que “no hay chance de que las tierras que tuvieron contacto con los paramilitares entren” en la transacción con el Ejecutivo, sin especificar si ya identificaron campos que estén en conflicto dentro de lo ofertado por el gremio. Esa posibilidad no se descarta, mucho menos en el contexto colombiano que tiene 10 millones de hectáreas en procesos de reclamación de tierras.
El censo de proposiciones hechas por Fedegán incluye hectáreas en Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca y Vichada. En ese listado de departamentos ya se identificaron 26 municipios que tienen lotes que podrían ser vendidos al Estado (ver mapa).
No obstante, el interés del Ejecutivo es solo comprar comarcas en la Costa Caribe y el Magdalena Medio. Así que, de ese amplio paquete de 262.433 hectáreas, apenas las 55.706 que están en la costa y 439 del Magdalena Medio –región que toca a Antioquia– son susceptibles a la compra.
Hay otro interrogante que ronda la negociación: ¿las tierras que ofertó el gremio son productivas? En principio, la autoridad no ha cotejado lote por lote ofertado con el mapa de tierra fértil de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), que es la plataforma que utilizarán para corroborar qué terrenos adquirir.
En la lista de 26 municipios conocida por este diario hay uno que solo tiene el 2,1% de su terrirorio como parte de la frontera agrícola de la UPRA, y es El Cocuy en Boyacá.
La ANT le respondió a EL COLOMBIANO que también harán un cruce de información para establecer si estas no están dentro las reclamaciones de víctimas ante la Unidad de Restitución de Tierras, o si no pertenecen a las zonas de reserva forestal. “Solo si cumplen con todos requisitos jurídicos y administrativos, se continúa con el proceso”, puntualizó la autoridad.
Así que para finiquitar la oferta falta que la cartera de Agricultura dé su concepto técnico sobre las fincas propuestas que, en todo caso, aún no tienen un valor comercial porque la reforma contempla que esos campos se pagarán según el avalúo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. ¿Aceptarán los ganaderos el precio que ponga Gobierno? Ese tema será discusión de 2023 .
