A no ser que el presidente Iván Duque llame a sesiones extraordinarias, el próximo domingo 20 de junio acabará la legislatura.
Como en la anterior, esta también estuvo marcada por la pandemia. Pero si en la de 2019 - 2020 el tema fue la atención al virus y cómo sesionar en medio de la virtualidad –y sus implicaciones legales–, en esta, sobre todo desde finales del año pasado, el principal asunto fue la vacunación.
Y en las últimas semanas, desde el 28 de abril, las discusiones en el Capitolio estuvieron, en buena parte, atravesadas por las manifestaciones en las calles. Protestas que, hay que recordar, se desataron en un primer momento por la reforma tributaria que presentó el gobierno de Iván Duque, que tuvo que ser retirada posteriormente.
El ejemplo más claro del impacto de las protestas del paro nacional en el Congreso fueron los dos debates de moción de censura que el ministro de Defensa, Diego Molano, enfrentó en el Senado y en la Cámara de Representantes los días 24 y 25 de mayo, y de los que salió bien librado, gracias al respaldo de las mayorías legislativas.
Ante esta coyuntura política y social, EL COLOMBIANO consultó a expertos y a miembros de bancadas de varios partidos para conocer, de primera mano, cómo fue el trabajo legislativo durante el último año.
El balance
De acuerdo con Congreso Visible –el proyecto del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes que hace seguimiento a la rama legislativa–, desde el 20 de julio de 2020 se radicaron 815 proyectos de ley y de reforma constitucional.
La mayoría de las proposiciones fueron de origen legislativo (775), seguidas de las presentadas por el Gobierno Nacional (36) y una mixta. Y de todas esas, 734 fueron proyectos de ley ordinaria, 52 fueron actos legislativos y hubo 29 proyectos de ley estatutaria.
En cuanto a los temas, los más comunes fueron los relacionados con seguridad, defensa y Fuerza Pública (69), comercio, industria y turismo (60), bienestar y pobreza (50), economía (50) y servicios públicos (40).
Una de las colectividades consultadas fue el Centro Democrático, que tiene la mayor bancada del Congreso (con 19 senadores y 32 representantes a la Cámara).
El senador Gabriel Velasco, vocero del uribismo en el Senado, explicó a EL COLOMBIANO que “el Centro Democrático presentó al inicio de la legislatura un paquete de proyectos enfocados en la superación de la pobreza, buscando, por ejemplo, la permanencia del subsidio de Ingreso Solidario, así mismo presentó varios proyectos encaminados a incentivos y alivios en el sector agro y a las pequeñas y medianas empresas (PYMES)”.
Sobre cómo avanzaron estos temas, Velasco explicó que “se encuentran haciendo curso en esta legislatura y esperamos que puedan convertirse en Ley de la República en la siguiente legislatura, cumpliendo con el proceso de cuatro debates”.
Por su parte, Iván Marulanda, senador de la Alianza Verde –el partido de la oposición con la bancada más fuerte, al tener 19 congresistas–, considera que hay “temas fundamentales en la agenda social y política de Colombia”, como es el caso de la reforma tributaria.
Aunque una primera propuesta se hundió, se espera que el Gobierno presente un nuevo borrador que sea discutido. Marulanda, que hace parte de la Comisión Tercera del Senado, que se encarga de temas económicos, explicó que “es un asunto que ya está en discusión; todos los partidos nos hemos reunido con el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, y estamos en eso”.
Otro punto que resaltó Marulanda es el de la renta básica: “Estamos en las conversaciones técnicas, corriendo con esto, porque es urgente, porque es la decisión de entregarle a los hogares con qué comer, pues beneficiaría a 6,5 millones de hogares que, según el DANE, están en condición de pobreza”.
Y la senadora Esperanza Andrade, vocera para esta legislatura del Partido Conservador, envió para este artículo un consolidado de las iniciativas llevadas adelante por su partido durante el último año en el Congreso.
En total son 54 las propuestas, que incluyen temas como acceso a la vivienda para mujeres víctimas de violencia de género, retiro parcial de cesantías, la ley estatutaria de la protesta social, la creación de la llamada Comisión Provida y educación superior gratuita para personas con discapacidad.
Sin embargo, a pesar del volumen de proyectos, para José Penso, docente de la Universidad del Norte y consultor político, “este periodo tuvo una actividad relativamente escasa. Se hicieron controles de coyuntura y se tramitaron temas importantes como la reglamentación de la ley de garantías”, resaltó.
A renglón seguido, aprovechó para indicar que temas de mayor urgencia quedaron pendientes, “como la reforma a la salud y la tributaria, que revisten implicaciones en lo social y en lo político”.
Críticas
“El Congreso ha estado ausente en la crisis más grande que hemos tenido en el país, tanto política como por la pandemia”. De esta manera, Néstor Julián Restrepo, coordinador de la maestría en Comunicación Política de la Universidad Eafit, resume lo que para él fue la gestión del Congreso.
Restrepo justifica su postura al indicar que “el legislativo debería darle respuesta a la movilización social, pero no está laborando según su función. Es un Congreso paralizado que no está cumpliendo con su función de peso y contrapeso”.
Hablando de la coyuntura actual, Carlos Andrés Arias, docente de la Universidad Externado, indica que desde el Congreso “no hay una propuesta de fondo para las necesidades estructurales, no coyunturales, de cambio que desembocaron en la movilización social”. Eso sí, el también consultor político recuerda que: “Para los congresistas la pandemia llevó a una coyuntura que dificultó su trabajo legislativo en cuanto a la discusión y el debate”.
Similar es la postura de Patricia Muñoz Yi, directora de la Maestría en Estudios Políticos de la Pontificia Universidad Javeriana, quien indica que “el Congreso no ha tenido el papel que se espera del órgano de representación por excelencia en nuestra democracia. Ha mostrado altos niveles de desconexión con los ciudadanos que se refleja en la falta de promoción y discusión de los debates que el país necesita”.
A esto se suma un hecho que no es menor. La que sigue es la última legislatura antes de que haya elecciones en Colombia, un tema que siempre ha impactado en el trabajo legislativo, con los congresistas pensando en cómo mantener su curul y en cómo impulsar las candidaturas presidenciales que respalden.
Para Muñoz Yi, “quizá pensando en el año electoral, pareciera que nuestros congresistas prefieren pasar silenciosos esperando que la imagen negativa resultado del paro afecte a otros actores específicos”. Sin embargo, acota que “de no asumir retos como la recuperación de la conexión con la ciudadanía y con sus problemas en el corto y mediano plazo, la opinión pública los sancionará en el proceso electoral de 2022”.
En esa línea, y más allá del trabajo legislativo que se pueda hacer en los dos periodos que quedan –correspondientes a 2021 - 2022–, Néstor Julián Restrepo prevé que “toda la clase política está pensando en las elecciones. Por eso, el del segundo semestre de 2021 será un Congreso parado, al estar preocupado por la campaña”
815
proyectos se presentaron en la legislatura, según Congreso Visible.
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