La bancada de oposición pasó del rechazo en redes sociales a la comunicación directa con la presidenta de la Corte IDH, tras las declaraciones de los presidentes del Congreso por el famoso caso de Gustavo Petro que involucra a la Procuraduría.
Por medio de una carta, 22 congresistas dijeron no sentirse representados por Jennifer Arias y Juan Diego Gómez, quienes presiden la Cámara y el Senado, y hace unos días remitieron un oficio al tribunal internacional mostrando descontentos por la presunta intromisión de esa corporación judicial en los asuntos internos del Estado colombiano.
No obstante, en cinco páginas, representantes y senadores subrayan que la comunicación de los presidentes no fue admitida por la totalidad del Congreso, “por lo que su pronunciamiento es individual”. Incluso, alegan que como ellos son miembros del Legislativo, si las cabezas iban a hablar en nombre de todos, primero tenían que compartir el contenido del documento enviado.
Inicio de la polémica
La controversia tiene dos antecedentes importantes. El primero se dio en noviembre pasado, cuando la mencionada Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución de cumplimiento en el caso Petro, en la cual dice que el Estado no ha cumplido lo que la justicia dispuso. Especialmente se nombra a la Procuraduría General de la Nación, entidad que salió perdedora en el pulso contra el exalcalde de Bogotá.
En ella, la Corte IDH instó al Estado a cumplir tales vacíos, por lo que en el Congreso se tramitó un proyecto para modificar ciertos aspectos y ofrecer garantías a los elegidos vía votación que terminó convertido en la Ley 2094 de 2021. En esta, sin embargo, se le sigue permitiendo a la Procuraduría sacar a personas elegidas por la vía popular.
Y como la corporación judicial mostró reparos a dicha ley, los presidentes del Congreso expresaron la incomodidad frente a ello.
“El pronunciamiento de la Corte, en su resolución de seguimiento, de alguna manera intenta repercutir en el poder soberano que tiene todo Estado de crear sus propias leyes, o de diseñar sus instituciones en los términos que lo designen sus representantes electos”, dijeron en la carta enviada al tribunal.
¿Qué dice la resolución?, en ella se reitera que solo un juez debe ordenar inhabilidades a quien es elegido con voto popular, y no otra institución, como lo hizo la Procuraduría, que en su momento sancionó a Petro cuando fungía como alcalde de Bogotá.
Navidad en la Procuraduría
Todo eso cobró más relevancia en el segundo punto importante en esta discusión. Se trata de la resolución decembrina que sacó la procuradura Margarita Cabello. Según ella, para acatar lo observado por la Corte, se deben crear 1.208 nuevos cargos en esa institución.
Esa actuación, y las palabras de los presidentes del Legislativo, no fueron bien recibidas por los 22 congresistas y por parte de la ciudadanía en redes sociales.
De acuerdo a la carta que se conoció en la tarde de este martes, además del rechazo a lo dicho por Arias y Gómez, el haber tramitado la Ley 2094 de 2021 se “constituye una clara elusión y desconocimiento al fallo emitido por la Corte IDH”, pues consideran que es una violación a los derechos de todo funcionario público.
De hecho, dejaron saber que varios congresistas presentaron una acción pública de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional para que se declare la inexequibilidad en algunos apartes de esta norma, los cuales “restringen de manera irregular derechos fundamentales y se oponen al espíritu y a la letra del fallo emitido por la Corte IDH, en el caso Petro Urrego vs. Colombia”.
