Luego de la carta que enviaron los presidentes del Congreso de la República a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) calificando de intromisión sus declaraciones sobre el caso del exalcalde y precandidato presidencial, Gustavo Petro, la bancada de la oposición envió otra misiva a la Corte apoyando sus comentarios y decisiones.
La senadora Aída Avella dio a conocer el documento en el cual respaldaron las decisiones y pronunciamientos de las entidades internacionales en la protección de derechos humanos.
“El pronunciamiento de los señores Arias Falla y Gómez Jiménez no representa la posición del Congreso de la República de Colombia, por el contrario, obedece a una valoración personas de estos congresistas. La decisión de los referidos funcionarios de emitir esa comunicación no fue discutida ni aprobada por las plenarias de la Cámara de Representantes y del Senado, es decir, no cuenta con el aval de las corporaciones que presiden”, expresa la carta.
Según los congresistas, la decisión de la Procuraduría de ampliar en más de 1.200 personas su planta de trabajadores evidencia un claro desconocimiento del fallo de la CIDH, lo cual sí sería, según ellos, una violación a los derechos políticos de los funcionarios públicos elegidos democráticamente y una infracción de la Convención de Viena, que establece que los fallos internacionales se deben cumplir de buena fe.
“Esta norma infringe artículos de la Constitución, en tanto en que se articulo uno dota de atribuciones judiciales a la Procuraduría para el ejercicio de la potestad disciplinaria preferente con competencia para retirar de su cargo a funcionarios públicos de elección popular e impone una restricción material injustificada al ejercicio del derecho fundamental a la representación política”, afirma el documento.
Los congresistas también expresan que se desconoce abiertamente el principio de la convencionalidad que enuncia que los funcionarios de elección popular solo pueden ser retirados de su cargo como consecuencia de una condena emitida por un juez, expresando que la Procuraduría no cumple con las condiciones.
“Resulta inadmisible que un órgano administrativo pueda interponerle a un funcionario elegido popularmente una sanción de destitución e inhabilidad, que implique una restricción del ejercicio de los derechos políticos a elegir o ser elegido, aún cuando para ellos haya sido investido de facultades jurisdicciones”, afirma la carta.
También enuncian que la atribución de la Procuraduría es una alteración al poder público, conculcación de los derechos políticos y el de representación política de los electores. Los representantes y senadores que firmaron la carta fueron Iván Cepeda, Antonio Sanguino, Jorge Gómez, Germán Navas, Omar de Jesús Restrepo, Aída Avellana Esquivel, Jesús Castilla, Feliciano Valencia, Abel Jaramillo y Jorge Enrique Robledo.