Luego de varias semanas de anuncios, el Gobierno de Abelardo de la Espriella radicó este martes en el Senado el proyecto de ley de sometimiento a la justicia para integrantes de organizaciones criminales, que ahora se llamará “ley de acogimiento”.
La iniciativa fue presentada por el ministro de Justicia, Iván Cancino, y por el jefe de la cartera política, Rodrigo Lara. Esta busca establecer una alternativa para que estos grupos abandonen las armas y se sometan a la justicia, con condiciones distintas a las de la política de paz total de la administración anterior.
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El proyecto empezaría su trámite en la Comisión Primera. Y de antemano sería recibida con buen ambiente. Justamente, esa célula legislativa la preside por este año el senador Enrique Gómez (Salvación Nacional), quien fue mano derecha del presidente Abelardo de la Espriella en campaña.
Pero, en general, el gobierno tendría las mayorías para aprobar esta ley. Por ejemplo, el senador del Centro Democrático Hernán Cadavid dijo que esperaban la radicación de la ley de sometimiento horas antes de que eso ocurriera. Y señaló: “Estamos listos para dar la batalla contra las estructuras criminales que durante cuatro años se sintieron dueñas del territorio”.
El respaldo no solo vendría del partido con más curules dentro de la coalición de gobierno, sino de parte de los demás congresistas liberales, conservadores, de La U, de Cambio Radical.
Y hasta la misma senadora de la oposición Carolina Corcho (Pacto Histórico) celebró en su momento el anuncio de esta ley.
Esta sería la cara “alegre” de la política de seguridad del Gobierno; en los próximos días se espera que sea radicado el estatuto antiterrorista, que sería el otro lado de la moneda.
El proyecto modifica, adiciona y prorroga la Ley 418 de 1997, que es la misma ley que ha sido modificada por varios gobiernos; por ejemplo, fue la “base” de la ley de ‘paz total’ de Petro o de la que estableció zonas de intervención integral durante el gobierno Duque.
En este caso, articula la acción de la Fuerza Pública y de las autoridades competentes con el ofrecimiento unilateral de condiciones de sometimiento individual o colectivo.
¿Qué propone la ‘ley de acogimiento’?
Una de las novedades del proyecto es el papel que tendrían las víctimas en el acceso a ciertos beneficios judiciales. Según explicó Cancino, podrán emitir un concepto favorable o desfavorable frente a la posibilidad de que sus victimarios accedan a la libertad condicional siempre y cuando hayan cumplido la cuarta parte de la pena. Aunque quienes no tengan mando pueden acceder a la suspensión de la pena desde la sentencia.
Además, para los altos mandos, la pena impuesta, una vez aplicados los términos del artículo, no puede ser inferior a diez años.
Otro punto relevantes es que el interlocutor entre el Gobierno y el grupo o persona armada deberá ser abogado y no pertenecer a la organización. En el proyecto se señala que se establecen garantías de seguridad para interlocutores, delegados y autoridades participantes.
En cuanto a los beneficios, el proyecto contempla una posible reducción de hasta el 50 % de la pena para los integrantes rasos y de hasta el 30 % para los cabecillas y máximos responsables. La iniciativa parece estar dirigida, entre otros, a grupos que participaron en acercamientos de paz durante el gobierno de Gustavo Petro, pero que no llegaron a un acuerdo definitivo. Tampoco se incluyen personas privadas de la libertad.
A diferencia del tratamiento que se ofreció en la anterior administración, la propuesta no contempla suspender las órdenes de captura ni los pedidos de extradición de quienes se sometan a la justicia.
Cancino ha insistido en que el Gobierno no abrirá mesas de diálogo ni negociaciones con estas organizaciones. “Si una persona tiene orden de captura con pedido de extradición, que se someta para que, cuando cumpla la extradición, pueda regresar y tener arreglada su situación en Colombia como beneficio. No se suspenderá ninguna extradición porque la persona esté en sometimiento”, afirmó el ministro.
Además, contiene como beneficio la posibilidad de cumplir la medida de aseguramiento en centros de arraigo transitorios y la pena en colonias agrícolas o cárceles productivas.
La iniciativa busca diferenciar esta alternativa de los procesos de negociación impulsados durante el gobierno anterior, al plantear que el abandono de las armas y la sujeción a la justicia no impliquen suspender automáticamente las obligaciones penales. Esto por nombrar algunos de sus puntos principales.
Esta semana entonces se empezarán a radicar los demás proyectos de la agenda legislativa del Gobierno, que continuará este miércoles con la radicación de las iniciativas que buscan establecer a Barranquilla como capital alterna y la ley que busca “transparentar” la relación entre congresistas y las demás ramas del poder.
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