La situación jurídica del exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, tiene aún aristas por definir. El pasado 1 de octubre la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia lo declaró culpable de concierto para delinquir agravado por sus nexos con las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) –lo que el país conoció como parapolítica–, pero no todo está escrito en este caso. El también exalcalde de Medellín (1992-1994) y exsenador (1990-1991 y 2002-2006) apeló la sentencia y considera que hay elementos para tumbarla: “Soy inocente”.
A pesar de que en primera instancia al político antioqueño se le impusieron 95 meses de prisión, por el apoyo de paramilitares en sus aspiraciones al Senado (elecciones de 2002) y a la Gobernación de Antioquia (elecciones de 2007), la última palabra la tendrá la Sala Penal de la Corte, que tramitará este caso en una especie de contrarreloj, pues tiene poco más de siete meses para decidir si deja en firme la condena o la desvirtúa.
En efecto, esta Sala recibe el caso para resolverlo antes del 7 de mayo de 2022, fecha en la que se cumplen 20 años del inicio del proceso y, pasado ese periodo, el expediente prescribiría, por lo que Ramos quedaría fuera de la lupa de las autoridades judiciales.
Así, tras perder el primer round decisorio en la Corte el pasado viernes, el exgobernador y su defensa decidieron seguir agotando los recursos legales que tienen a su disposición, por lo que buscan que en esta nueva instancia se reconsidere la decisión de los togados Blanca Nélida Restrepo y Ariel Augusto Torres, de condenarlo, de la cual se apartó el magistrado Jorge Emilio Caldas, quien presentó salvamento de su voto con el argumento de que Ramos –en su concepto– debió ser absuelto.
Escenario judicial distinto
Ahora, ante la Sala Penal de la Corte, Ramos buscará demostrar su inocencia y cerrar a su favor, después de 10 años, este proceso en el que ha alegado que hay falsos testimonios en su contra.
“He sido víctima de falsos testigos cuyas declaraciones han dado lugar a una decisión en primera instancia que me afecta a mí y a mi familia. Apelaré a la segunda instancia donde se establecerá mi inocencia”, expuso el exgobernador tras conocer la condena de la Sala Especial de Primera Instancia.
Al cambiar de sala, Ramos y su defensa se encontrarán con un escenario judicial distinto al que ya lo halló culpable de los hechos por los que ha sido investigado en la última década. Esto, teniendo en cuenta que la decisión definitiva estará en manos de un grupo de nueve togados que conforman la Sala Penal, de los cuales se prevé que cinco se declaren impedidos porque conocieron y participaron dentro del caso al inicio, cuando estaba en el despacho del magistrado Eyder Patiño.
Así, los magistrados que se declararían impedidos para la revisión de la sentencia serían Eugenio Fernández, Eyder Patiño, José Francisco Acuña, Luis Antonio Hernández, y Patricia Salazar, quienes, entre otras cosas, decidieron revocar la medida de aseguramiento privativa de la libertad contra Ramos y lo dejaron libre en diciembre de 2016.
En ese contexto, EL COLOMBIANO recopiló cinco elementos (ver Recuadros) que serán determinantes en el análisis que tendrá dicha sala para tomar una decisión final.
Defensa internacional
Este caso también estará en instancias internacionales, pues el abogado Víctor Mosquera Marín, quien asumió esa defensa, aseguró que la privación de la libertad de Ramos (de tres años, dos meses y 23 días) habría violado el estándar internacional.
“Graves violaciones a las garantías judiciales contra Ramos serán dadas a conocer a los relatores y grupos de trabajo de mandatos especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas”, dijo Mosquera Marín.
Además de trascender a los tribunales internacionales de derechos humanos, en el escenario colombiano la decisión final sobre la supuesta responsabilidad del exgobernador en parapolítica tendrá que tomarse en los próximos siete meses, por lo que sigue la cuenta regresiva judicial
