En un movimiento que toca los ámbitos diplomáticos y judiciales, Colombia confirmó este miércoles que comenzó a explorar los caminos necesarios para que la prófuga Aída Merlano regrese desde Venezuela y revele de forma directa las pruebas que dice tener sobre la supuesta corrupción electoral que habría en la Costa Caribe.
La información la confirmó la vicepresidenta y Canciller, Marta Lucía Ramírez, quien reconoció que la falta de relaciones diplomática con el régimen de Nicolás Maduro traba el proceso, pero dijo que la comunidad internacional puede apoyar a Colombia en esta extradición.
“Él (Maduro) es un dictador y fue quien rompió las relaciones diplomáticas con Colombia, expulsó a todo el cuerpo diplomático de Colombia de Venezuela; entonces, por esa razón es difícil, pero también sentimos que en la comunidad internacional hay varios países que entienden esta causa de Colombia y la apoyarán”, explicó Ramírez desde Barranquilla, donde se realiza la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos.
Lo que busca la Casa de Nariño es que las versiones que ha venido entregando Merlano a cuenta gotas sobre una posible red de corrupción irregular, que se habría gestado –según ella– en las huestes de las casas Char y Gerlein, sean todas canalizadas ante la Corte Suprema y la Fiscalía de forma directa.
Eso sí, la propia Ramírez aclaró que esta iniciativa de buscar el mecanismo para que Venezuela extradite a Merlano proviene de la propia Rama Judicial y que al Ejecutivo le corresponde solo tramitarla.
“Si ella tiene algo que realmente pueda comprobar en contra de cualquier persona que lo haga estando en el país”, precisó la Vicepresidenta y Canciller, quien a renglón seguido advirtió que “vamos a hacer los esfuerzos necesarios para que venga a Colombia y ante las autoridades judiciales presente todos los descargos, que rinda realmente toda la información que le exija la justicia”.
Lo que hasta ahora ha dicho Merlano en medios de comunicación y ante la Corte, vía virtual, es que allegados al precandidato de Equipo por Colombia Alejandro Char presuntamente tenía un entramado en Barranquilla con el que financió de manera irregular su campaña al Senado en 2018.
Incluso, dijo que de esas actividades irregulares, por las que se habrían movido –de acuerdo con su versión– más de 12.000 millones de pesos, terminaron permeando al presidente Iván Duque y, entre otras 16 personas, a los exmandatarios Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe. Todos ellos siempre han negado cualquier relación con este tipo de actividades ilícitas.
En este contexto es que este miércoles, ante la Corte Suprema, rindió declaración un testigo de quien no se reveló su identidad por estar en un programa de protección. Él dijo que en Barranquilla sí existió la llamada Casa Blanca, desde donde Merlano –apoyada supuestamente por los Gerlein y los Char– montó su entramado corrupto, al punto de que sabía exactamente cuántos votos podía poner por un candidato.
A través de redes, el abogado de Merlano, Miguel Ángel Río –excandidato a la Cámara del Pacto Histórico–, reveló otro audio para mantener su tesis de la red corrupta. Esta vez el comprometido es el senador Laureano Acuña
