En una carta dirigida al ministro de Salud, Fernando Ruiz, y al consejero presidencial para la Participación de las Personas con Discapacidad, Jairo Clopatofsky, más de 5.000 personas y 30 organizaciones pidieron al Gobierno priorizar inmediatamente a la población mayor de 18 años con dispacidad entre el plan de vacunación.
La solicitud se sustenta en evidencia médica y social que señala los riesgos e impactos de esta población frente a la pandemia. Exponen que aunque la discapacidad por sí misma no represente una vulnerabilidad especial ante la Covid -19, la dupla de discapacidad y problemas médicos y/o cognitivos subyacentes sí configura un riesgo particular.
Uno de los casos –explica la carta– son las personas con Síndrome de Down, condición que causa en un 60 % de ellos cardiopatías congénitas y/o hipertensión pulmonar.
La evidencia más consistente acerca de los riesgos de la población con discapacidad frente a la covid-19 se ha realizado en Estados Unidos. El Centro para Control y Prevención de Enfermedades (CDC) concluyó en sus recomendaciones frente al plan de vacunación que las afecciones subyacentes de personas con discapacidad cognitiva exigía su priorización en las primeras etapas de la vacunación. Algunos estados incluso incluyeron a esta población en las etapas 1 y 2.
Julián Fernández Niño, director de Epidemiología del Ministerio de Salud, aseguró que todas las personas con discapacidad están incluidas en el Plan de Vacunación en las etapas que corresponde a cualquier otro colombiano.
Pero, aclaró, que “en el espíritu de la norma actual, que es priorizar a aquellas personas que tengan un mayor riesgo epidemiológico, estamos revisando junto a las asociaciones científicas cuáles grupos de discapacidad, dado que son situaciones muy diferentes y no todas tienen relación con la progresión clínica de la covid, pueden verse afectadas con mayor riesgo de contagio, de complicación o de muerte para considerar su inclusión en un nuevo decreto”.
Otras afectaciones
Un informe publicado en mayo de 2020 por la Universidad de Los Andes concluye que el Gobierno no logró una efectiva inclusión de las personas con discapacidad dentro de la estrategia de atención y mitigación socioeconómica en medio de la pandemia.
Como consecuencia, las barreras para atención médica, la pérdida de empleo propia o de algún integrante de la familia y el aislamiento físico, que obligó a la ausencia de cuidadores, agravó la situación de esta población que, en total, suma casi 3.500.000 personas, según el censo de 2018. Esto representa aproximadamente el 7 % de la población nacional.
Un boletín del Dane de septiembre de 2020, que midió la situación de vulnerabilidad de las personas con discapacidad en medio de la pandemia, indicó que el 65 % no tenía en ese momento adecuada conexión a internet en sus hogares para realizar actividades como trabajo en casa, trámites, compras o acceso a telemedicina que le evitaran salir a la calle a exponerse.
Asímismo, solo el 20,3 % reportó haber trabajado al menos durante una hora en alguna actividad que le generó una remuneración.
Además de los argumentos señalados, los firmantes de la solicitud le pidieron al ministro Ruiz y a Clopatofsky, quien representa desde 2018 ante el Gobierno a la población discapacitada, que en caso de que así lo requieran podrían recopilar numerosos testimonios que aporten al debate acerca de la necesidad de priorizar a estas personas.
Sandra Yaneth Alzate, directora ejecutiva de la fundación Andecol, una entidad sin ánimo de lucro que presta servicios de habilitación y rehabilitación a personas con Síndrome de Down y discapacidad intelectual, señala que es urgente que el Gobierno subsane la exclusión a la que se ha visto sometida la población con discapacidad en el país.
“Además de todos los riesgos señalados se suma el deterioro a la salud mental, depresión y ansiedad. Nosotros en la fundación cerramos el 14 de marzo del año pasado y cuando estábamos buscando reanudar nuevamente nos tocó cerrar. La exclusión que ha sufrido esta población es evidente; todos en cierta forma pudieron volver a sus trabajos, estudios, pero las personas con discapacidad no han podido retornar a sus contextos que son las instituciones donde socializan y encuentran los espacios para desarrollarse”, expresa Alzate.
Suspender por más de un año los procesos que adelantan las personas con Síndrome de Down u otra discapacidad intelectual puede generar profundos retrocesos en las habilidades y aprendizajes adquiridos, explica. Por esta razón, organizaciones y familias advierten que la situación actual podría ampliar de manera crítica las barreras para que estas personas alcancen un grado óptimo de inclusión y calidad de vida.
Panorama poco probable
El experto en salud pública de la Universidad Nacional, Juan Camilo Aristizábal, señala que la evidencia disponible respalda no solo la necesidad de priorizar a esta población sino también a los cuidadores. No obstante, indica que “ante los tropiezos que cursa actualmente el plan de vacunación en Colombia resulta inviable realizar este o cualquier otro ajuste a las fases y etapas establecidas”.
Lo que sí considera que está bajo alcance del Gobierno y el sistema de salud es el fortalecimiento de la capacidad con enfoque diferencial para lograr una plena cobertura de inmunización contra la covid de toda la población con discapacidad en el país.
“En Colombia hay aproximadamente un millón de personas con discapacidad motora, parcial o total. Buena parte, en zonas rurales o apartadas. El plan de vacunación tiene que hallar la forma de seguir su cronograma sin dejar rezagada a este grupo u otro de los que integra la población con discapacidad en Colombia”, apunta.
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