La marcha del 25 de marzo de 2020, que finalmente no ocurrió por el inicio de la pandemia, buscaba ratificar, conforme dijeron las centrales obreras posteriormente, que la llamada Conversación Nacional con el Gobierno, que se organizó como respuesta a la movilización social de noviembre de 2019, había naufragado.
En aquel momento el comité del paro presentó un pliego de peticiones con 104 puntos que según dijo el entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Diego Molano, el 20 % eran inviables fiscal o políticamente el 6% no era competencia del Gobierno; el 9 % necesitaba de la intervención de otros sectores y el 65% ya hacía parte del Plan de Desarrollo. Entre los compromisos tácitos (no hubo un documento formal) surgieron, entre otros, la ratificación del Acuerdo de Escazú que hoy está engavetado en el Congreso y el empleo de 60.000 jóvenes en el marco de la Ley de Crecimiento Económico, aspecto en el cual el Gobierno reporta la incorporación de 17.837 jóvenes sin experiencia al sector público.
Catorce meses después Gobierno y organizaciones tienen el reto de reanudar una negociación que quedó en punta a causa de la pandemia, tal como señalan analistas
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