En los episodios de desencuentros que han tenido el presidente Gustavo Petro y la alcaldesa Claudia López, la más reciente ha sido el rechazo del mandatario sobre la recepción por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) del Centro de Justicia Restaurativa juvenil (CJR) construido por la Alcaldía de Bogotá.
Este centro, que costó más de 74.000 millones de pesos, ubicado en el Centro Integral de Justicia Campo Verde en Bosa, Bogotá, estaba destinado a recluir a más de 200 jóvenes quienes serían acogidos por el Sistema de Justicia Restaurativa Juvenil, a través del ICBF, entidad vinculada al gobierno nacional.
El motivo de la negativa del mandatario ante la gestión de un centro penitenciario para jóvenes por parte del ICBF, según explicó López, sería los propósitos del gobierno Petro de impulsar “procesos de reconciliación” sin que los jóvenes estén privados de la libertad.
“Con los impuestos de los bogotanos se construyó en Bosa un Centro Penal de Justicia Restaurativa para jóvenes que delinquen, los jueces les imponen una medida privativa y se cumple en este tipo de establecimientos. El ICBF nos notificó que siguiendo la política nacional no recibirá el complejo”, detalló López.
Ahora, Petro volvió a afirmar su postura a través de sus redes sociales cuando le mencionaron el estado de otros centros de atención para adolescentes privados de la libertad como los de Cali, Quibdó o Ibagué y los comparara con el de Bogotá, que actualmente está sin uso. Ante esto, el presidente señaló que en su opinión “los niños no deberían estar presos”.
La postura de la alcaldesa Claudia López
López defendió el complejo y lamentó la negativa del Gobierno para tenerlo en funcionamiento. “El ICBF nos ha informado que siguiendo la directriz de la Política Nacional no recibirá el complejo de Justicia Penal Juvenil restaurativa, porque su política no es que los jóvenes sean privados de la libertad, sino que haya procesos de reconciliación (...) yo no comparto esa decisión, pero la asumo”, indicó la alcaldesa de Bogotá en ese entonces, refiriéndose a la reunión que tuvo con Petro el pasado mes de septiembre.
“El sistema juvenil penal restaurativo de Bogotá sí tiene pena privativa de la libertad, porque eso lo dice la ley, no Bogotá. Tiene un sistema de resocialización efectiva del 96%, de manera tal que yo creo que era una cosa que valía la pena recibir y continuar, pero la política del gobierno nacional es otra y, por supuesto, nosotros la respetamos”, explicó la mandataria de los bogotanos.
