La expresión “se ha defendido con pies y manos” es apropiada para explicar lo que ha sucedido esta semana con el presidente Gustavo Petro. Difícilmente la historia reciente del país recuerda un arranque de año tan caótico y complicado para un presidente de la República como lo ha sido el 2024 para Petro.
Y esta semana que termina no le ha dado propiamente tregua alguna al primer mandatario: cada mala noticia que se conoció y cada escándalo que se desató pusieron a Gustavo Petro contra las cuerdas.
El lío del “error” del presupuesto, por ejemplo, del cual le tocó al mismo Presidente dar reversa con un “decreto de yerros”, produjo un escándalo que le costó la cabeza a varios altos y valiosos funcionarios del gobierno.
O la noticia del crecimiento del PIB en 2023, por dar otro ejemplo, que salió muy por debajo de lo esperado: un crecimiento de 0,6% que resultó tan mediocre que descontando solo la crisis económica en el gobierno de Andrés Pastrana y la recesión durante la pandemia del Covid no se había visto así desde 1943.
También le cayó al presidente Petro esta semana la posesión de Martha Mancera como fiscal general encargada, a lo cual él se había opuesto al punto de poner “en vilo la democracia” –como dijo en su momento el presidente de la Corte Suprema, Gerson Chaverra–.
Y por último, esta semana los presidentes de las altas cortes insistieron en la gravedad del asedio a la Corte Suprema ocurrido el jueves 8 de febrero, y dejaron claro que la narrativa del presidente Petro, con la que intentó bajarle la gravedad al tema, no es cierta.
Punto por punto.
Primer round: Mancera
El martes asumió Martha Mancera como fiscal general encargada, lo cual en teoría no le debió caer nada bien a Gustavo Petro toda vez que él se había opuesto con alma, vida y sombrero a su llegada al comando del búnker de la Fiscalía.
Hace apenas 10 días estaban en todo su furor las bodegas gobiernistas en las redes sociales y los ejércitos de activistas petristas en las calles tratando de presionar a la Corte Suprema de Justicia para obligarla a elegir nueva Fiscal general en propiedad de la terna que el propio Petro les presentó a los magistrados desde agosto.
Si bien, Petro no logró, por ahora, el cometido de evitar que Mancera se posesionara, el Presidente sí logró tal vez, con el alboroto que armó en redes y calles, el que era su verdadero propósito: atemorizar al fiscal saliente, Francisco Barbosa, para que antes de dejar su cargo no tomara decisión alguna en contra de Ricardo Roa, el hoy presidente de Ecopetrol, por posibles irregularidades cuando se desempeñó como gerente de la campaña de Gustavo Petro.
En efecto, Barbosa, que había dejado entrever que podría tomar decisiones sobre Roa, al ver el zafarrancho contra la Corte Suprema de Justicia, cuando grupos alentados por el Gobierno se amotinaron y no dejaron salir a los magistrados del Palacio de Justicia, tal vez prefirió quedarse quieto en primera y no echarle leña al fuego.
La pregunta ahora es si la fiscal Mancera toma alguna decisión en ese sentido. Y la respuesta puede ser no. Porque los cuestionamientos que le han hecho a ella, en medio de esta arremetida en su contra, más allá de si son ciertos o no, le han restado legitimidad para tomar decisiones de esta magnitud.
En pocas palabras, si lo que el presidente Gustavo Petro buscaba con todo este zafarrancho que desató era evitar que avancen las investigaciones contra su hijo, contra su gerente de campaña, contra su hermano y contra su mano derecha Laura Sarabia, entonces tal vez lo esté logrando. Primer round para Petro.
Segundo round: las Cortes
¿A qué costo? El problema de la estrategia del petrismo es que le abrió al presidente un nuevo frente de batalla: con las altas cortes en particular y la rama judicial en general.
Desde el 11 de febrero, el presidente Petro tiene fijado un trino en su cuenta de X en el que asegura que los medios de comunicación han emprendido una estrategia para que la justicia “tome partido contra el gobierno”. Allí dice que las protestas a las puertas del Palacio de Justicia fueron cuestión de unos cuantos minutos y de poca gente, e insiste en que no hubo asedio ni violencia. Es decir, que el jueves 8 de febrero no pasó mayor cosa.
Pero las altas cortes no solo no le copiaron la narrativa, sino que no quisieron dejar pasar lo ocurrido como si hubiera sido un simple episodio callejero y esta semana en un gesto inusual salieron a responderle al mandatario. El presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, dio varias entrevistas a medios de comunicación planteando la gravedad de lo ocurrido el jueves 8 y en entrevista con EL COLOMBIANO, dijo que lo de la Corte “no le salió bien” al presidente Petro.
Mientras que su homólogo de la Corte Suprema, el magistrado Chaverra, contradijo lo dicho por el mandatario: “Hemos pedido que no se le quite al hecho la trascendencia y la gravedad porque evidentemente fue un acto de agresión y de violencia contra la Corte Suprema de Justicia y contra los magistrados, porque la corte fue sitiada, las puertas de ingreso y de salida fueron bloqueadas, eso es un acto de agresión en tanto representó una afectación a la libre movilidad de los magistrados”.
Así las cosas, quedó planteado un pulso entre estos dos poderes: el ejecutivo y el judicial, y para poder enfrentarlo le llegaron al presidente Petro refuerzos de organismos internacionales como la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la oficina de derechos humanos de Naciones Unidas que en otras ocasiones también han aparecido en su ayuda.
Cada uno de ellos emitió un comunicado en el que solicitaban a la Corte Suprema de Colombia elegir pronto un Fiscal en propiedad.
Personas que han dialogado en los últimos días con algunos de estos organismos explican que ellos están convencidos de que a Gustavo Petro lo quieren tumbar. Es decir, han acogido la versión del presidente de que se fragua un “golpe de estado” o un “golpe blando” en su contra.
Esta tesis, que además ha sido divulgada con intensidad por Gustavo Bolívar, en las redes sociales, parece implicar que cualquier investigación que se adelante contra el círculo cercano de Gustavo Petro es parte de un complot para tumbarlo.
Así, cualquier avance en las investigaciones contra su hijo Nicolás Petro por enriquecimiento ilícito —quien en una primera instancia reconoció que había captado dinero para la campaña de su padre en el Caribe—, o en contra de su hermano Juan Fernando Petro por supuestamente haber buscado plata de los capos que están en las cárceles a cambio de beneficios, quedaría desprestigiado por el discurso de sus redes sociales que, como se ha visto, es convincente en los ámbitos internacionales.
El apoyo de los organismos internacionales, que llegó en cascada uno tras otro, aunque le dio peso al reclamo del Presidente Petro, no le salió tan bien porque automáticamente sectores como el Partido Liberal y el Consejo Colombiano de Relaciones Internacionales, del cual hacen parte varios excancilleres, advirtieron que podría configurarse una injerencia de organismos internacionales en asuntos internos del país.
Quizá una de las respuestas más contundentes ante la narrativa del golpe de Estado fue la que le dio el senador Humberto de la Calle a Luis Almagro, secretario de la OEA, en la que le subrayó su falta de verificación de información cuando “exige que se abandonen los intentos por parte de diferentes actores políticos de dañar el proceso democrático de Colombia”.
De la Calle fue demoledor: “Difícil dibujar un cuadro más equivocado y distante de la realidad colombiana. Quizás sirve de atenuante a su enorme desatino el que como es sabido, la OEA es un organismo compuesto por los gobiernos de la región. Es claro que usted optó por divulgar la tesis que ha sostenido el gobierno de Colombia. Usted optó por la vía fácil de alejarse de la verdad creyendo cumplir así su tarea en la OEA”.
Además, la estrategia que ha incluido conatos de desacato a las decisiones judiciales (como la de demorarse en acatar la suspensión del Canciller) le ha valido a Petro críticas de algunos de sus allegados, como el caso de Rodrigo Uprimny o de congresistas que apoyaron su candidatura como Katherine Miranda y Catherine Juvinao.
Podría pensarse que en este round si bien Petro empató con su estrategia, sumó un nuevo frente de pelea interno a los que ya tiene abiertos con los gremios y con los empresarios, con el sector minero y de hidrocarburos, con un sector de los gobernantes locales, con los medios de comunicación, lo cual le va haciendo perder cada día más gobernabilidad.
Tercer round: el “error” en el presupuesto
Pero Petro no se ha quedado solamente en su golpe a las cortes. Esta semana, además, se volvió escándalo el supuesto “error” en la liquidación del presupuesto.
“Error” que consistía en que Petro quería no asignarles presupuesto a cerca de 60 obras que ya están construyéndose en el país, como el Metro de Bogotá y el Metro de la 80, en Medellín. Petro, según se supo en las agrias discusiones que tuvo con sus ministros de Hacienda, Transporte, Educación y Planeación, lo que quería era dejar esos 13 billones de pesos para los proyectos que a él le interesaban.
Hubo quienes plantearon que lo que se proponía Petro era tener una gran “caja menor” para manejar esos recursos a su antojo, sin aclarar, como obliga la ley, un destino fijo. Hacerlo así significaba, no solo una parálisis monumental, un reguero de elefantes blancos por todo el país, sino que además es ilegal.
En este frente la pelea primero la dio contra los miembros de su propio gabinete, al punto de que le costó la cabeza al director de Planeación Jorge Iván González, y a la directora de presupuesto del Ministerio de Hacienda, Claudia Numa. Dos valiosos técnicos en el gobierno.
Durante la semana, Petro se dedicó a tratar de convencer sobre el por qué de su obstinación. En la Universidad de Santander dijo que los proyectos de infraestructura a los que él les quiere quitar el presupuesto son “carreteras del capital, las que van a valorizar las tierras de la gente más rica de Colombia (...) se hacen entre la población de El Poblado, en Medellín y Rionegro, donde quedan sus fincas”.
No pasó mucho rato y tanto el gobernador de Antioquia como el alcalde de Medellín le hicieron caer en la cuenta de su error. Las vías de cuarta generación en Antioquia no van de El Poblado a Rionegro, en este caso una de ellas va de Medellín al Urabá, una de las regiones más necesitadas del departamento, que en otros años fue foco del conflicto armado colombiano.
Al presidente Petro le tocó echar reversa y el jueves expidió un “decreto de yerros” y terminó destinando los recursos de vigencias futuras tal y como le habían insistido, desde diciembre, sus ministros.
Pasaron casi dos meses en los que la confianza inversionista del país estuvo en vilo. No está claro si fue por eso, o por la incomodidad de los ministros, que incluso llevaron a rumores de sus renuncias, que el presidente Petro decidió dar su brazo a torcer en este caso. Este round, sin duda, lo perdió.
Cuarto round: el PIB
Al terminar la semana se conoció el crecimiento económico en 2023, y contra todos los pronósticos, incluso los más pesimistas, el año pasado la economía solo creció 0,6%, la mitad del 1,2% que era la cifra esperada por el gobierno.
Lo que más se destaca es el desplome de la inversión y en particular la inversión bruta de capital, es decir, la compra de bienes empleados en la producción, como maquinaria y equipos, que cayó el 27,2%. Es decir, la pelea del presidente Petro con los empresarios está dando sus frutos: están dejando de invertir.
Gustavo Petro está hoy contra las cuerdas y muchas de sus actuaciones tienen que ver con que él trata de sacar todo su arsenal estratégico para poder mantener algún grado de gobernabilidad. Para ello va construyendo todo tipo de narrativas: la del “golpe blando”, la de que las reglas del Estado no lo dejan llevar a cabo sus planes y ahora, que los proyectos de infraestructura benefician a los ricos. Sin duda se está defendiendo con pies y manos.
