La falta de pago del arriendo por parte del Gobierno al campesino que asegura ser el propietario donde se encuentra el Espacio Territorial de Capacitación y Reintegración, ETCR, de Santa Lucía, en Ituango, llevó a que este cerrara el ingreso a lo que antes fue la zona veredal, afectándose a 125 personas que dejaron las armas y hoy viven en este lugar.
Francisco Holguín, quien asevera ser el dueño de los predios donde se levantaron las viviendas para los excombatientes, cerró la vía con alambre de púas, y argumentó a EL COLOMBIANO que solo le pagaron una cuota del arriendo, pero desde agosto no le han consignado.
“Se firmó un contrato donde decía pago de marzo a junio, de no ser cancelado con 15 días de anticipación se prolongaría; esto fue en junio del año pasado, esta es la fecha y no se ha cancelado, por eso se dio cierre a esta vía y perjudica a la zona donde se encuentran los exguerrilleros recogidos”, indicó Holguín.
La situación ya se había presentado una vez y el señor Holguín procedió a la misma estrategia para exigir el pago. En aquella ocasión, comenta Holguín, le consignaron un mes “y desde entonces no han vuelto a pagar”.
Un terreno sin dueño: Gobierno
La razón por la que el Gobierno no ha consignado el dinero del arrendamiento al propietario es, según Jefferson Mena, asesor de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, porque el terreno al parecer no pertenecería al señor Holguín.
“Ese predio aparentemente no tiene dueño y al no tener dueño no podemos pagar a un tenedor”, fue la respuesta de Mena a EL COLOMBIANO.
Según el funcionario, el Gobierno tiene pruebas de que este terreno no pertenecería a Francisco Holguín, porque la Agencia Nacional de Tierras antes de que el gobierno hiciera cualquier movimiento, tuvo que determinar sobre ese predio cuales tenían dueño y cuáles no, “es decir, son terrenos sin legalizar”, indicó Mena.
¿Sí el terreno no tenía dueño o no estaba legalizado por qué hubo un primer pago y un contrato de arrendamiento? fue la pregunta de EL COLOMBIANO al asesor de la Oficina del Alto Comisionado, a lo que Mena respondió: “Yo desconozco esa situación, no tengo entendido que exista un contrato sobre el hecho y él (Francisco Holguín) debe demostrarlo. Por eso queremos ir empaparnos del tema”.
Para tratar de solucionar el inconveniente el Gobierno enviará una comisión hasta la vereda Santa Lucía compuesta por abogados, la Agencia Nacional de Tierras y Fondopaz para escuchar las inquietudes del labriego y llegar a una solución.
