La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dio un nuevo paso hacia el esclarecimiento de los falsos positivos en Colombia con la imputación de crímenes de guerra de homicidio en persona protegida, y crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada a 22 miembros de la Brigada XVI del Ejército (Yopal, Casanare), un funcionario del extinto DAS y dos personas que habrían actuado como reclutadoras.
Así mismo, el tribunal especial le atribuyó a algunos de ellos crímenes de guerra de utilización de niños, niñas y adolescentes y el crimen de lesa humanidad de persecución por razones de género.
Esta es la primera vez que la JEP imputa el crimen de guerra de utilización de niños, niñas y adolescentes por involucrar en la acción criminal a menores de 18 años, que participaban como reclutadores o incidían en los engaños que condujeron a algunas de las víctimas a la muerte, según detalló la JEP en un comunicado.
Los hechos habrían ocurrido entre el 2005 y 2008 en Casanare; en algunos municipios de Boyacá; Meta y en Tame (Arauca). De acuerdo con la información de la JEP, 303 personas fueron asesinadas y presentadas falsamente como bajas en combate en 218 eventos registrados.
Como parte de la acción criminal, las víctimas eran equipadas con armas, municiones y prendas que hacían parte de un “kit de legalización”, como los mismos imputados llamaban a la dotación que les servía para hacer pasar a población civil como guerrilleros, auxiliadores de la guerrilla, delincuentes y hasta paramilitares. Esto de acuerdo con lo señalado por el tribunal especial.
Así mismo, la JEP apuntó que los militares reportaban a las víctimas como no identificadas con el fin de obstaculizar la judicialización y sus cadáveres eran trasladados sin presencia de la policía judicial, “lo que impedía una adecuada investigación”.
Para este subcaso, la JEP imputó –también por primera vez– el crimen de lesa humanidad de persecución por razones de género debido a que acopió información sobre el asesinato de nueve mujeres – una de ellas en embarazo–, dos trabajadoras sexuales y un joven con orientación sexual diversa. Sin embargo, el tribunal especial precisó que la mayoría las víctimas fueron hombres entre los 18 y 25 años.
Ahora los imputados tienen 30 días hábiles para reconocer o rechazar su responsabilidad en los hechos o, dado el caso, para reaccionar, aportando argumentos o evidencia adicional. En caso de negar la responsabilidad, el caso será remitido a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP y de ser vencidos en juicio, podrían ser condenados con una pena de 20 años de prisión.
