El asesinato el pasado martes de José Jair Cortés, un líder del consejo comunitario Alto Mira y Frontera, vuelve a poner el foco sobre Tumaco, Nariño, una población que en tan solo 10 días ha sentido el recrudecimiento del conflicto armado, azuzado por diferentes factores que han hecho de este territorio un escenario de guerra y un laboratorio para la implementación del Acuerdo de paz.
José Jair era uno de los siete líderes amenazados de muerte y un denunciante de las afectaciones de las comunidades por los grupos armados, entre estas, las agresiones de la Policía y el Ejército en nombre de la erradicación que, el pasado 5 de octubre, dejó siete labriegos muertos en hechos que son materia de investigación. José Jair cayó baleado a las 5:00 p.m. en el sector la Y, zona central de Tumaco.
El asesinato del líder tumaqueño no fue el único asunto que encendió nuevamente las alarmas en Nariño. El ataque a un helicóptero militar que transportaba personal para adelantar tareas de erradicación y destruir un laboratorio en la vereda Las Marraneras, en Barbacoas; y la masacre en la que fueron asesinados seis desmovilizados de las Farc (ver nota anexa) ha generado preocupación en el Gobierno local y nacional.
Camilo Romero, gobernador de Nariño, hizo un llamado de emergencia al Alto Gobierno para que la paz deje de ser una paloma en la solapa y se convierta en una realidad.
“El costo de la paz para Tumaco no puede seguir siendo poner los muertos. Nariño se niega a seguir contando muertos, mientras el país sigue gozando de la paz”, dijo Romero.
A la voz del Gobernador de Nariño se sumó la Defensoría del Pueblo que, mediante una alerta temprana, especificó el riesgo inminente para los habitantes de la región, “por lo que se emite la presente advertencia para que las autoridades realicen acciones preventivas y necesarias que eviten la materialización de amenazas como enfrentamientos entre la población civil”.
Escenario para la violencia
El conflicto armado que ha aumentado sus acciones en los últimos días en territorio nariñense, no es un asunto nuevo. Por el contrario, es la suma de situaciones que sirven de escenario propicio para sembrarse y que germine la semilla de la violencia.
Uno de estos factores es la presencia de los distintos grupos armados. Antes de la desmovilización de las Farc, el frente 29 y la columna Daniel Aldana tuvieron la presencia más fuerte en Tumaco y la zona rural de Nariño; entre 2003 y 2009, el negocio de la coca era manejado por la banda criminal “los Rastrojos”, que pasó a ser comandado por las Farc hasta 2012 que iniciaron los diálogos; tras la salida de la guerrilla, “Los Urabeños” se enquistaron en Barbacoas, y el Eln se fortaleció en Ricaurte.
Información de la Dijín registra que al territorio se sumaron estructuras ilegales como “la Gente del Orden” y las “Guerrillas Unidas del Pacífico”, las cuales, según el general Sergio Alberto Tafur, comandante de la Fuerza de Tarea Pegaso del Ejército, son los que presionan a la comunidad con el fin de obstaculizar las labores de erradicación “y tienen la mayor incidencia en las poblaciones campesinas”.
Las bandas criminales y las estructuras ilegales llegaron a Nariño para copar los territorios dejados por las Farc y, así mismo, hacerse con el negocio de la droga y los cultivos de uso ilícito que según la UNODC aumentaron en un 43 por ciento al pasar en 2015 de 29.755 hectáreas sembradas a 42.617 en 2016.
A este escenario, se suma la pobreza extrema en Nariño que, según el Dane, fue del 16,2 por ciento en 2016, con un índice de desempleo del 70 por ciento, situación que según el analista del conflicto armado, Juan Carlos Ortega, se convierte en el escenario perfecto para el reclutamiento de personas que tienen pocos recursos por parte de los grupos ilegales.
“Sabemos por entrevistas directas que estos grupos están ofreciendo $2.000.000 a quienes integren sus filas. Algunos jóvenes se están yendo porque no hay nada que hacer”, precisa el investigador.
Una semana después de que la institucionalidad llegara a Tumaco, el Gobierno realizó algunas recomendaciones para superar la problemática. En conversación con EL COLOMBIANO, el alto comisionado de Paz, Rodrigo Rivera, dijo que es necesaria la presencia y el trabajo sincronizado de todas las entidades estatales “para producir una respuesta adecuada a una situación absolutamente compleja y desafiante”, y sacar a Nariño del conflicto armado que lo ha afectado por años y se recrudeció en los últimos días.
