Hacia el futuro no podrá volver a considerarse el secuestro ni la fabricación, tráfico o porte de estupefacientes como conexos al delito político, por lo que no se podrán aplicar amnistías ni indultos frente a estos delitos. Así lo decidió el Congreso de la República al aprobar la reforma constitucional propuesta por el Gobierno, en su último debate.
Así las cosas, el proyecto pasa a sanción presidencial luego de haber surtido el trámite de ocho debates que se exigen para los actos legislativos. La disposición, aclaró el senador Santiago Valencia, ponente de la iniciativa, solo podrá ser aplicada en sucesivos procesos de paz, pues se hará efectiva expresamente para conductas que tengan lugar después de su entrada en vigencia. Es de recordar que las leyes no pueden ser retroactivas.
“Cabe anotar que la reforma tampoco afectará o generará inseguridad a los desmovilizados de las Farc en virtud del pacto que suscribieron con el Estado para dejar sus armas, ya que se excluye su aplicación al Acuerdo Final”, anotó el Ministerio de Justicia en un comunicado.
Según el senador Valencia, son dos los objetivos principales del proyecto de ley: mantener la naturaleza jurídica del delito político y su excepcionalidad, excluyendo el secuestro y las conductas relacionadas con narcotráfico.
Es importante aclarar que para el caso de las Farc no se aplicó amnistías por el delito de secuestro, para ello la JEP investigará y sancionará la conducta que incluso fue la primera priorizada por la Sala de Reconocimiento.
El martes fue retirada la frase que hacía referencia a los delitos sexuales contra menores de edad del proyecto. El senador Valencia explicó a EL COLOMBIANO que en la Cámara de Representantes cursa un proyecto que tiene como finalidad que estos delitos no sean conexos con el conflicto, lo que le quitará l posibilidad de tener prerrogativas penales y sus condenas serán las mismas de la justicia ordinaria, lo que es más gravoso todavía.
“El proyecto ha sido abordado desde dos perspectivas: una jurídica y otra política, siendo ambas de crucial importancia para entender no solo su conveniencia, sino principalmente, su necesidad. En cuanto a lo jurídico, se trata de ponerle límites al desbordado alcance que se le ha querido dar al delito político y sus consecuencias (amnistías e indultos)”, concluyó el Ministerio.
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