La votación a favor en el Congreso que impediría que los delitos del narcotráfico y el secuestro sean amnistiables y, en esa vía, declarados conexos a los delitos políticos, sienta las bases para futuras negociaciones con grupos al margen de la ley.
“El Estado debe sentar un precedente en el sentido de deslegitimar el uso del secuestro como mecanismo para la financiación de la lucha armada. Esta práctica es contraria a los derechos humanos y constituye un ataque indiscriminado a la población civil”, expresó la ministra de Justicia, Gloria María Borrero.
Contrario a lo que sucedió con las Farc, y de aprobarse esta reforma en los cuatro debates que faltan en Senado (en marzo 2019), el Eln no podría incluir en sus propuestas que la financiación y el sostenimiento de sus ejércitos lo hizo con dineros del narcotráfico o el secuestro extorsivo, presentándolos como conexos al delito de rebelión.
Juan Carlos Ortega, especialista en Conflictos Armados y analista militar, expresó que en esa vía, “los integrantes del Eln podrían enfrentarse a la extradición, ir a la cárcel y ver afectada su participación en política; esta se vería muy limitada o nula porque las faltas se relacionarían más con violencias como el homicidio, el desplazamiento y hasta el reclutamiento, y estos son crímenes de lesa humanidad”.
Aún así, Ortega aclara que lo que hay hasta ahora es solo un proyecto y sigue vigente lo acordado en La Habana.
