La negociación que iba a iniciar en mayo parece congelada, el secuestro de los periodistas en Catatumbo y la macroimputación anunciada por la Fiscalía General de la Nación afectaron los ánimos de ambas partes, Gobierno y Eln, que en marzo anunciaron la apertura oficial de la mesa de negociaciones.
Y es que la gravedad de los delitos imputados por la Fiscalía ha evidenciado la crueldad del actuar de esa estructura guerrillera.
El ente acusador estableció que el Eln aplicó una política de feminicidios durante varias décadas. El hallazgo hace parte de la “macroimputación” anunciada por esta entidad contra el Comando Central (Coce) y la Dirección Nacional.
Según el fiscal general (e) Jorge Perdomo, el Eln tuvo la práctica reiterada de torturar y asesinar las compañeras sentimentales de miembros de la Fuerza Pública, e incluso a sus empleadas del servicio doméstico. Las pruebas de 126 casos ocurridos entre 1981 y 2014 están “plenamente documentadas por la Fiscalía”, aseveró Perdomo, quien agregó que esos feminicidios fueron ejecutados en Arauca, Boyacá y Casanare, área de influencia del Frente de Guerra Oriental.
El ente investigador también encontró “87 casos de violencia basada en género”, cuyas víctimas fueron mujeres de la población civil e integrantes del grupo guerrillero.
En los hechos, 36 casos de ellos corresponden al Frente de Guerra Noroccidental, por aborto, acceso carnal abusivo a menor de 14 años, acceso carnal violento y esterilización forzada, lo que evidencia otra de las políticas de ese grupo armado ilegal.