EL COLOMBIANO habló con la presidenta de la JEP, magistrada Patricia Linares, sobre su balance de los primeros dos años de operación de ese órgano judicial.
¿Cómo avanzan los casos priorizados?
“La JEP trabaja a partir de criterios de selección y priorización, lo que garantiza una mayor posibilidad de justicia para las víctimas, dadas las dimensiones del conflicto armado que ha vivido el país y el universo de víctimas del conflicto. Hemos avanzado con siete macrocasos que dan cuenta de la comisión de gravísimos hechos violatorios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario (ver Para saber más). Cada uno de estos casos presenta un nivel de avance diferente, porque esto tiene fases previas de preparación, de aproximación con las víctimas, remitiéndoles los informes para que se pronuncien y para que los controviertan”.
¿Es posible tener decisiones este año?
“Cada uno de estos casos tiene un nivel de complejidad muy alto: en el caso 001 (secuestro) están acreditadas alrededor de 1.700 víctimas y convoca a 350 comparecientes exfarc. Además están los informes, el análisis de los mismos, lo que implica un trabajo previo a lo que se denomina la Resolución de Conclusiones, que es el primer gran producto, muy complejo y muy largo. Aspiramos a que en el primer semestre de este 2020 al menos esté una de ellas”.
Ahí es cuando empieza a trabajar el Tribunal...
“Sí, en ese momento se activan las competencias del Tribunal para la Paz, según sea el caso. Si hay reconocimiento de responsabilidad y cumplimiento a cabalidad de todas las obligaciones que asume un compareciente al someterse a la JEP se activará la competencia de la Sección con Reconocimiento de Responsabilidad, que es la encargada de impartir sanciones propias. Si no se cumple, va a la Sección Sin Reconocimiento de Responsabilidad y se activará la competencia de la Unidad de Investigación y Acusación que deberá preceder con una investigación para introducirse en un escenario adversarial (en el que expone las pruebas para controvertir a la defensa del compareciente y tratar de demostrar la comisión de los delitos)”.
¿Cuáles han sido las principales dificultades que ha enfrentado la JEP?
“El camino de implementación de un proceso de la envergadura y características que corresponde a este componente de justicia es difícil, porque de lo que se trata es de enrutar la actividad de una alta corte para que contribuya allanar el camino hacia una paz estable y duradera. Por eso, en estos primeros dos años hemos tenido que afrontar situaciones que han venido siendo superadas de manera constructiva, porque eso ha implicado que los distintos poderes públicos, la institucionalidad misma del Estado de Derecho, haya tenido que responder a necesidades normativas para darle vida a este organismo”.
¿En cuáles frentes enfocará la JEP su trabajo en 2020?
“Esperamos seguir avanzando en los casos abiertos, es muy posible que se abran otros, para tener la posibilidad de arribar a esa verdad plena que se nos impone como mandato constitucional. Tenemos limitaciones en que la Sala de Reconocimiento, como las demás, están conformadas por seis magistrados cada uno con un pequeño equipo de 10 personas y se trata de casos supremamente amplios, complejos, difíciles” .
