Numerosos grupos armados en Colombia han cometido asesinatos y otros abusos contra civiles para imponer sus propias medidas en contra de la propagación del Covid-19, señaló en la madrugada de este miércoles Human Rights Watch.
Las medidas impuestas por los armados van desde toques de queda; cuarentenas; restricciones a la circulación de personas, automóviles y embarcaciones; límites con respecto a los días y horarios de apertura de tiendas; hasta la prohibición de acceso a las comunidades para extranjeros y personas de otras zonas del país, al margen de las decisiones tomadas por el Gobierno Nacional y los gobiernos territoriales. Estas situaciones que han ocurrido, de acuerdo con la ONG, en al menos 11 de los 32 departamentos de Colombia: Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, Guaviare, Huila, Nariño, Norte de Santander y Putumayo.
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“Los grupos armados han impuesto brutales ‘castigos’, incluidos asesinatos, a quienes supuestamente incumplen sus normas. Los grupos armados implicados en estos crímenes incluyen al Eln y disidencias de las Farc, así como a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, que emergieron de la supuesta desmovilización de grupos paramilitares a mediados de la década del 2000”, le lee en el comunicado de Human Rights Watch.
Así mismo, la ONG advierte que las medidas que imponen los grupos armados han menoscabado todavía más el acceso a alimentos para las comunidades que viven en situación de pobreza, acceso que ya era limitado debido al aislamiento ordenado por el gobierno.
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“Los ‘castigos’ brutales y draconianos que imponen los grupos armados para impedir la propagación del Covid-19 exponen a individuos en comunidades remotas y pobres a lo largo de Colombia a ser atacados, e incluso asesinados, si salen de sus casas”, explicó Vivanco. “El gobierno debe intensificar sus esfuerzos para proteger a estas comunidades, garantizar que tengan acceso adecuado a alimentos y agua, así como para proteger su salud de los efectos del Covid-19”.
