En 1989, el niño Franklin Bustamante, de catorce años, fue asesinado en Medellín, presuntamente por agentes del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), pero su caso no avanzó en la justicia, a pesar de los esfuerzos de su familia. 22 años después, el Estado colombiano reconoció, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), su responsabilidad en la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, debido a la falta de investigación efectiva de lo ocurrido.
Cronología del caso
La familia del niño le dijo a la Comisión, que el 28 de julio de 1989 Franklin estaba discutiendo con un compañero en el parque Berrío de Medellín, cuando dos agentes del DAS se bajaron de una camioneta, lo amenazaron y arrodillaron. Uno de ellos, aseguran, le disparó y, de inmediato, se dio a la fuga con su compañero.
Después de lo sucedido, vino un camino de años en la justicia colombiana que no llevó a nada.
Primero, en 1991 el caso fue archivado por un juzgado de Medellín, aunque la familia aseguraba que había testigos presentes que prefirieron no declarar por temor a los agentes. Ese mismo año, la mamá de Franklin instauró una queja disciplinaria ante la Procuraduría regional, que también terminó archivándose.
A pesar de lo anterior, la familia también recurrió al Tribunal Administrativo de Antioquia, ante el cual instauró una demanda de reparación directa, que habría sido rechazada ocho años después, por considerar que “no se habría hallado acreditada la falla del servicio, ni se habría comprometido el actuar del DAS en los hechos aducidos en la demanda”. Aún habiendo apelado, el Consejo de Estado confirmó dicha decisión.
