Momentos de zozobra se viven en varias comunidades de Bahía Solano, Chocó. El jueves pasado informó la Defensoría del Pueblo que cerca de las 8:00 a. m. incursionó al parecer el grupo armado ilegal Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) a la comunidad indígena de Bacurú Purrú, resguardo Río Valle y Boroboro del municipio chocoano.
Allí fue asesinado el líder indígena Miguel Tapí Rito, de 70 años, a quienes varios hombres armados habrían sacado a la fuerza de la comunidad donde residía. Era el gobernador de las comunidades de El Brazo y Bacurú Purrú.
Como consecuencia de ese asesinato y de las presiones de este y otros grupos al margen de la ley, 898 indígenas (139 familias) pertenecientes a las comunidades de Boro Boro, Poza Mansa, El Brazo y Bacurú Purrú, se desplazaron en la noche de este viernes y mañana de este sábado al corregimiento de El Valle, según la lista consolidada este sábado por la Alcaldía de Bahía Solano.
“Todo se da no solo por el homicidio de este líder indígena, sino por la presencia e intimidaciones del grupo armado ilegal AGC, acompañada de presiones para el reclutamiento de menores; además se les comen los sembrados, una situación compleja”, comenta Luis Murillo, defensor del Pueblo en Chocó.
Este nuevo desplazamiento masivo había sido advertido por la Defensoría del Pueblo meses atrás, a través de la alerta temprana 016 de abril de 2020, en la que se advertía los riesgos sobre ese territorio.
“Hacíamos énfasis en la disputa urbana entre Los Chacales, una banda delincuencial común asociada al narcotráfico y al Eln, y las Agc. Además, en zona rural el enfrentamiento es entre el Eln y las Agc”, dice el funcionario y añade que históricamente siempre ha habido presencia en esa zona de grupos al margen de la ley asociados al narcotráfico, por la ruta del Pacífico.
Sin embargo, en el último año la disputa se ha agudizado. En total han sido asesinadas 17 personas en Bahía Solano en el transcurso del año, un récord histórico según el alcalde Úlmer Mosquera.
El alcalde le solicitó al gobierno departamental y nacional más apoyo policial y recursos para garantizar la alimentación de la población desplazada, que se encuentran ubicada en la Normal Santa Teresita del corregimiento El Valle.
“La administración municipal le está suministrando alimentación desde viernes hasta domingo, pero después del lunes no hay posibilidad de alimentarlos, no tenemos recursos para atender una emergencia de esa magnitud. También carecen de colchonetas, están durmiendo prácticamente en el suelo”, señala a este diario el alcalde.
Las familias desplazadas están en el corregimiento que se encuentra a 30 minutos del casco urbano de Bahía Solano, donde la Defensoría del Pueblo, la personería del municipio y la Alcaldía, atienden a la comunidad.
Luego de una reunión virtual del sábado, la Gobernación, el Ministerio del Interior, la Unidad de Víctimas y la Fundación Fupad, se comprometieron a dar aportes para la alimentación de estas familias los próximos días, mientras se logran transportar elementos como colchonetas, cobijas y elementos de aseo.
Según el último reporte presentado por Indepaz, Marcha Patriótica y la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular, entre el 1 de enero y el 17 de noviembre de este año han sido asesinados 226 líderes sociales y defensores de derechos humanos en 112 municipios del país.
