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Desminado militar inició en comunidades indígenas de Murindó
OIA denuncia reclutamiento y desplazamiento forzado en comunidades indígenas por grupos armados. Le contamos en qué va la situación.
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En total son 11 comunidades, pertenecientes a dos resguardos, las afectadas por los grupos ilegales. FOTO Gobernación de Antioquia
19 de febrero de 2021
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Más de 2.000 indígenas pertenecientes a los resguardos Río Murindó y Río Chageradó, en el municipio de Murindó, Antioquia, permanecen en confinamiento desde el pasado 6 de febrero, cuando la Organización Indígena de Antioquia (OIA) y organizaciones defensoras de derechos humanos alertaron sobre el peligro que corren esas comunidades por una sencilla pero atemorizante razón: no pueden transitar por sus territorios porque están minados.
Según narró el consejero de la OIA, Alexis Espitia, actores armados ilegales con presencia en el territorio los alertaron sobre nuevas siembras de minas alrededor de los resguardos indígenas y por los caminos por donde transitan de una comunidad a otra y para realizar actividades de supervivencia.
La problemática no es nueva, pues se viene viviendo desde 2019 en dicho territorio. Sin embargo, tal como explica un funcionario del plan de Acción Integral contra Minas Antipersonal de la Gobernación de Antioquia, lo nuevo ahora es que las minas están por todos lados.
“Antes las minas estaban sembradas lejos de los caseríos y les decían que no caminaran por algunas zonas porque podían correr peligro, ahora no es solo por algunas sino por todo el territorio”, cuenta.
De hecho, en mayo de 2020 una joven indígena de 16 años resultó herida por una de esas minas que detonó causándole la amputación de algunos de sus miembros. La adolescente, que también había sido víctima de reclutamiento forzado, aún permanece bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Debido al peligro inminente que se vive en esas zonas y a la alerta generada por la OIA sobre el confinamiento obligatorio al que se estaban viendo sometidos, la Gobernación del departamento y varias entidades más organizaron la visita de un comité para evaluar la situación en terreno.
La situación de cerca
El funcionario del plan de Acción Integral contra Minas, cuyo nombre no mencionaremos para garantizar su seguridad, fue uno de los que acompañó la misión de verificación que tenía tres objetivo específicos: recabar información a través del diálogo con las comunidades, actualizar el censo de la población y reforzar los conceptos de educación en el riesgo de minas.
Esto último como una medida preventiva en la que se les enseña cómo puede lucir una mina, de qué material, dónde pueden estar ubicadas y qué hacer en caso de un incidente.
De la visita también hicieron parte la Defensoría del Pueblo, la Gobernación de Antioquia y la Personería Municipal.
Los hallazgos, según cuenta dicho participante de la Misión, coincidieron con las denuncias de la OIA. Además de la restricción a la libre circulación en el territorio, los indígenas se enfrentan a una escasez de comida. “Su dieta se basa en gran parte de la caza, la pesca y de unos cultivos que son como unos platanitos pequeños. Todo eso quedó limitado porque ahora los caminos que llevan a esas actividades están minados”, cuenta.
Los servicios de salud y los programas de gestación a los que asistían las mujeres también están suspendidos. “Además, la educación está paralizada. En estos momentos los niños no ven ningún tipo de clase”, añade.
Otro hallazgo importante durante la visita fue la evidencia de que las comunidades están siendo víctimas de reclutamiento de menores y desplazamiento forzado de una comunidad a otra pos hostigamientos de los actores armados. “Hay comunidades que tienen 40 familias, por ejemplo, y 10 o 15 de ellas viven en la centralidad y las demás dispersas por el territorio. Lo que está pasando es que las que vivían más distanciadas están teniendo que movilizarse al centro por amenazas”, cuenta el funcionario.
Pero, sin duda, la consecuencia más marcada de esa manifestación de violencia en el territorio es “el miedo y el estrés que les produce estar en esa situación de incertidumbre”. No saber dónde poner el pie y vivir con el temor de toparse con alguno de los actores los ha hecho vulnerables.
Las soluciones
En diálogo con EL COLOMBIANO, la directora de Derechos Humanos y víctimas del departamento, Maria Fernanda Posada, contó que a través de la Mesa Humanitaria Indígena, creada para atender este tipo de problemáticas, se han tomado varias decisiones que buscan proteger la vida de la comunidad y direccionar ayudas humanitarias.
La primera de ellas es un desminado militar ordenado por el gobernador Aníbal Gaviria.
Según explicó ese mandatario, en el territorio no se podía implementar un desminado humanitario porque sólo se autoriza cuando se haya confirmado la no presencia de grupos armados y, actualmente, en dicho territorio están presentes el ELN y el Clan del Golfo.
El Ejército Nacional, por su parte, ya ha logrado detonar de manera controlada algunas de las minas ubicadas en el territorio. Por ahora, según narró esa institución, el desminado solo se ejecuta por los caminos principales por donde se movilizan las comunidades para abastecerse de alimentos y conectarse con otros resguardos, pues es la prioridad en términos de seguridad.
Así mismo, Posada afirmó que la misión de verificación se realizó para determinar qué tipo de ayudas humanitarias eran necesarias y en qué situaciones se encontraban los resguardos Río Murindó y Río Chageradó.
Tras verificar que efectivamente están en confinamiento y que además son víctimas de las situaciones ya descritas, distintas entidades gubernamentales se encuentran gestionando las ayudas que se enviarán al territorio en los próximos días.
Las comunidades y los funcionarios públicos solo tienen una petición: “que no se siga instrumentalizando a la población en el marco del conflicto”
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