La Convención de Ottawa aprobó este viernes una prórroga por más de cuatro años para que Colombia, a través de la oficina del Alto Comisionado para la Paz que dirige el programa de Desminado Humanitario, cumpla sus objetivos de eliminar estos artefactos en todo el territorio nacional.
El Gobierno había solicitado tal extensión del plazo y manera que, entre el 1 de marzo de 2021 y el 31 de diciembre de 2025, tendrá la tarea de convertirse en una nación libre de minas antipersonal.
Colombia, a través de la solicitud sustentada esta semana por Miguel Ceballos, Alto Comisionado para la Paz, consideró que esta prórroga está en consonancia con el Plan Estratégico Nacional 2020-2025, “Hacia una Colombia libre de sospecha de minas antipersonal para todos los colombianos”, así como con las aspiraciones de los Estados Partes de la Convención, de tener un mundo libre de minas para 2025.
La solicitud enviada al Comité de Implementación del Artículo 5 de la Convención resaltó que Colombia cuenta con 1.122 municipios, de los cuales, cuando se hizo la primera estimación hace 8 años, 715 presentaban algún tipo de contaminación.
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En marzo del presente año, 393 municipios habían sido declarados libres de minas. Este avance corresponde a un despeje de más de seis millones de metros cuadrados, la destrucción de 3.733 minas antipersonal de naturaleza improvisada y un impacto directo en más de 14 millones de colombianos.
“Durante este año hemos liberado 16 municipios de minas antipersonal, para un total de 407. Es decir, son 129 municipios alcanzados en el presente gobierno. Así mismo 159 municipios se encuentran en intervención y 16 más están priorizados para iniciar las labores de limpieza del territorio” afirmó en su solicitud el Comisionado para la Paz.
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El país recibió reconocimiento por continuar garantizando que su sistema nacional de gestión de la información contenga datos precisos y actualizados, accesibles a las partes interesadas y se resaltó la importancia de que el país continúe informando sus esfuerzos para asegurar que las diferentes perspectivas de mujeres, niñas, niños y hombres, así como las necesidades de los sobrevivientes de minas y las comunidades afectadas, sean consideradas e informen a todas las áreas de la implementación de la Convención.
