Las afirmaciones se dieron en medio de la presentación del plan para combatir el pico de casos de fiebre amarilla. El ministro asegura que todos los niños, sin excepción, deberán vacunarse. Expertos dicen que no es cierto.
En pleno evento público, el ministro de Salud Guillermo Jaramillo encendió las alarmas de las autoridades y miles de ciudadanos debido a unas polémicas declaraciones. El jefe de la cartera aseguró que “todo niño o niña o adolescente, todos los menores de 18 años, la patria potestad es del Estado”, y aseguró que si un padre no quiere vacunar a sus hijos contra la fiebre amarilla, el ICBF tendrá que intervenir.
La intervención del ministro de Salud se dio en medio de la presentación del plan que tiene el Gobierno Nacional para enfrentar el pico de casos de fiebre amarilla en el país. Los números sí son alarmantes: entre 2024 y 2025 se han registrado 60 casos con 30 fallecimientos. Sin embargo, eso no significa que los niños queden en manos del Estado.
Estas fueron las palabras textuales de Jaramillo: “de todo niño, niña, adolescente, menor de 18 años, la patria potestad es del Estado. Si hay alguna negación por parte de algún padre o madre para vacunar al niño, intercede el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Ya hay una alcaldía que lo ha hecho muy bien y ha reportado más de 20 casos para que el Instituto Nacional de Salud intervenga para que estos niños sean vacunados. Porque la patria potestad sobre los niños está a nombre del Estado. Entonces ningún padre se puede negar a que sus hijos sean vacunados”.
Expertos señalaron que en su declaración hay varias imprecisiones; primero, tanto la Constitución, el Código Civil y el Código de Infancia y Adolescencia dejan claro que la patria potestad corresponde a los padres y son los derechos que les concede la ley sobre los hijos; segundo, la vacuna contra la fiebre amarilla no hace parte del esquema de vacunación obligatorio, como sí lo es la vacuna contra el polio y el neumococo; y tercero, es verdad que el Estado puede intervenir en el cuidado de un menor, pero únicamente si los derechos de este son vulnerados, cosa que no aplica en este caso.
En la mañana del 11 de abril, horas después de las declaraciones del ministro de salud, la directora del Instituto Nacional de Salud, Diana Pava, se pronunció en la emisora Blu Radio. Aseguró que desde la institución extienden la invitación a vacunarse, más no es un mandato.
“Estamos hablando de que la fiebre amarilla es un evento de interés en salud pública, pero es una enfermedad imunoprevenible, es decir, que la vacunación me protege. De hecho, las personas que han fallecido no estaban vacunadas. La invitación es que desde los 9 meses en adelante, todas las personas deberían estar vacunadas. Lo que pasa es que ahora tenemos un brote diferente, antes el brote era en la cuenca amazónica, ahora los casos están en el Tolima, por eso es la alerta”, dijo Pava.
Aunque el brote causa alerta, e incluso si el pico de fiebre amarilla llega a empeorar, el Estado no puede intervenir y establecer como obligatoria aquella vacuna. Por ejemplo, durante la pandemia por el coronavirus, cada ciudadano tenía la libertad de decidir si adquiría la vacuna o no. De hecho, el ministro Jaramillo aseguró que la vacuna contra la covid-19 era un experimento.
“Todos los colombianos que están vacunados sirvieron para el más grande experimento que se haya hecho en toda la historia de la humanidad (...) No podemos seguir experimentando con la comunidad colombiana, y menos con los indígenas, los negros y los más pobres de este país”, manifestó Jaramillo en su momento.
Jaramillo no ha dado claridad sobre sus posturas. Sin embargo, en ese sentido, respetando el albedrío de los ciudadanos, Pava aseguró que desde las instituciones, hay una “invitación amigable” a vacunarse, más no un mandato. “Somos un equipo de trabajo en el sector salud, y no hay que ser coercitivos sino debemos revisar el derecho civil y la ley estatutaria. Claro, tenemos que proteger contra un riesgo, y si entramos en un debate debemos hacerlo de manera muy cordial”.
Además, agregó que: “hay algo muy importante, porque lo más clave es el derecho a la salud. Yo creo que esto ha tenido bastante controversia. Si bien hay un tema de la patria potestad por derecho civil, también hay que tener en cuenta el derecho a la salud. Lo que queremos hacer es una invitación muy amigable a hacerles ver que es una enfermedad imunoprevenible y tenemos los datos de las personas que han fallecido sin vacunar. Es más, una invitación a hacerlo de manera concertada”.
Según Pava, esto se hace en el marco de velar por la salud de los ciudadanos y evitar conspiraciones que podrían afectar la salud general en Colombia.
“No es que se vaya a vacunar a todo el país, solo miraremos las zonas de riesgo (...) el tema de la salud no puede estar en manos de algunos influencers que no son médicos o que transmiten la información pero que no tienen retroalimentación científica”, aseguró Pava, quien también manifestó su preocupación por los movimientos antivacunas.
Uno de los primeros rechazos a las declaraciones del ministro de salud vino desde la exdirectora del ICBF, Cristina Plazas, quien a través de X aseguró: “lo que dijo el ministro de Salud no es solo un error, es una señal alarmante: afirmar que la patria potestad es del Estado es negar uno de los principios básicos de nuestra democracia y del derecho civil”.
El Partido Conservador también se pronunció en contra de las afirmaciones de Jaramillo: “estas palabras traen a la memoria los sombríos ejemplos de regímenes autoritarios socialistas y comunistas que usaron el control y adoctrinamiento de los niños para sus fines políticos. Ningún Gobierno tiene el derecho a cruzar esta línea inviolable. No permitiremos que, en Colombia, se posicione un relato como este y que vulnere la ley que protege la esencia de nuestras familias, como núcleo de la sociedad, así como el derecho de los padres a educar a sus hijos bajo sus principios (...) El ministro desconoce la fortaleza de las familias colombianas cuando se las amenaza”, aseguró por medio de X.
Por su parte, María Fernanda Cabal aseguró: “ministro, los hijos no son del Estado. La patria potestad es un derecho y deber natural de los padres, no una concesión gubernamental. Pretender que el Estado sustituya a la familia es propio de regímenes totalitarios. No se equivoque que las familias colombianas no están solas”.
