Un artículo del proyecto de presupuesto general, que levanta salvaguardas clave de la ley de garantías en pleno proceso electoral, armó una dura polémica en el país político y hasta obligó a que el presidente Iván Duque saliera a defender esta propuesta.
En efecto, por iniciativa de varios partidos –como ‘la U’ y el Conservador– se incluyó entre los 126 artículos en discusión uno que explícitamente habla de suspender “el inciso primero del artículo 38 de la Ley 996 de 2005 y, en consecuencia”. Así las cosas, dice el texto legislativo, “las entidades del orden nacional y las entidades territoriales podrán celebrar convenios administrativos e interadministrativos para la ejecución de recursos públicos”.
Esto se traduce en que, de aprobarse ese texto, se levantaría la prohibición actual que establece que –durante seis meses antes de elecciones– gobernadores, alcaldes, secretarios, gerentes y directores de las entidades públicas no podrán celebrar este tipo de convenios, medida con la que se busca una mayor transparencia electoral.
Duque, desde Nueva York, aseguró que este cambio es necesario debido a la crisis que ha desatado la pandemia, lo que contrasta con sus declaraciones de 2015 cuando –siendo senador en ese entonces de oposición– criticó la posibilidad de abolir la ley de garantías.
“En Colombia ya no hay reelección presidencial y eso implica que tengamos una circunstancia distinta. Además, hay que mirarlo en otro contexto, pensando en los alcaldes y gobernadores que se eligieron y tomaron posesión enero del año 2020, y que les ha tocado enfrentar una pandemia que les ha truncado muchas de las aspiraciones y programas”, aseguró Duque.
Y agregó que también debe haber una vigilancia rigurosa de los organismos de control para eviar que se desvíen los recursos.
Este miércoles, además, se unieron las federaciones de Departamentos y la de Municipios, junto a Asocapitales, para pedir que se levanten estas restricciones contractuales para, más allá de estar en época electoral, poder atender la crisis que, según sus voceros, generó que otras 3 millones de personas regresaran a la pobreza.
Y desde el Congreso, entre otros, el senador conservador Efraín Cepeda afirmó esta norma deja “seis meses sin ejecución presupuestal”. Y afirmó que hay cerca de 10 billones de pesos en regalías directas que no se podrán invertir.
En contraste, la oposición calificó como nociva esa propuesta. El senador de Alianza Verde Iván Marulanda aseguró que es “un ‘tarrado’ de mermelada para reelegir políticos que tienen a Colombia arruinada y deshecha en la corrupción”. En esta tesis lo respaldó el liberal Luis Fernando Velasco, quien advirtió que “es francamente grosero y está en contra la de lo que el señor presidente afirmaba en el pasado cuando se oponía”.
Y la discusión jurídica está en que la ley de garantías es una norma estatutaria, por lo que para derogarla se requiere una reforma de igual peso y no a través de una ley ordinaria, como lo es la de presupuesto que está en discusión en el Congreso.
En todo caso, la discusión está abierta y subiendo de tono, pero el Gobierno de Duque dice tener mayorías para hacer pasar el articulito.
