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Mariano Botero Coy, quien se desempeña como director del Inpec desde el 21 de enero de este año, deberá pagar cinco días de arresto luego de que un juez declara que este mayor general había cometido desacato.
El juez primero civil de Pitalito encontró que Botero Coy desacató el fallo de una acción de tutela que ordenaba a ese instituto penitenciario a trasladar a las personas privadas de la libertad, que se encontraban en condiciones de hacinamiento, en el centros de detención transitorios de Pitalito, en el Huila.
Quien instauró la demanda fue la Procuraduría y en el fallo del juez se indica que el Inpec cumplió parcialmente la tutela porque “trasladó a quiénes estaban en esos sitios de detención transitoria al momento del fallo, pero no ha cumplido con el envío a centros de reclusión de las personas privadas de la libertad que ingresaron con posterioridad a esa fecha”.
Para el juez, este fallo debe observarse de manera integral y no parcialmente, “pues protegió los derechos no solo de las personas retenidas en ese momento sino las que llegaren a retener, por lo tanto, no es de recibo el argumento expuesto por la parte incidentada cuando expresa el cumplimiento total del mismo”.
El departamento del Huila presentó, en mayo de este año, un hacinamiento del 25.6% con 2.849 personas privadas de la libertad. Ese departamento tiene capacidad intramural para 2.269 personas, lo que se traduce en una sobrepoblación de 580 privados de la libertad.
En Colombia, según el Inpec, a mayo de este año, el sistema penitenciario colombiano tenía capacidad para 81.500 personas pero presentaba una ocupación carcelaria de 97.278 personas privadas de la libertad. Lo que se traduce en un hacinamiento del 19.36%.
En el país 73.770 personas privadas de la libertad han recibido condena, mientras que 23.066 privados de la libertad permanecen sindicados.