Hacer memoria es difícil, sobre todo cuando se tienen los dolores y la frustración atorados entre pecho y espalda. Pero en el contexto actual es necesario, como lo dice el magistrado de la JEP, Gustavo Salazar: “solo a través de esos relatos tendremos insumos para buscar la verdadera justicia”.
Los pasos de las víctimas que iban a dar su testimonio eran lentos y la espera silenciosa y larga. Doce personas contaron, micrófono en mano, los hechos que acontecieron entre el 16 y el 18 de octubre de 2002, cuando ocurrió la Operación Orión. Una intervención conjunta de la Fuerza Pública sin precedentes en la ciudad, que buscaba acabar con las milicias que habían tomado el control en la comuna.
Voces entrecortadas, algunas en medio de las lágrimas, relataron cómo sacaron a jóvenes, incluso menores de edad, de sus casas que aparecieron en las morgues de la ciudad sin explicación. Otros simplemente no aparecieron.
Hablaron de las balas perdidas, de los desplazamientos con las pocas cosas que podían llevar a la mano, de las infancias perdidas y, después, de las secuelas: soledad, ausencia, enfermedades físicas, mentales y espirituales.
El reclamo por la verdad
El problema más grande, insistían, es la impunidad. Dijeron que nunca les contaron por qué ocurrió todo, por qué sus hijos, esposos o hermanos fueron escogidos por los armados, entre los que, aseguran, presuntamente se encontraban paramilitares trabajando en equipo con la Fuerza Pública. Una versión que las autoridades en el pasado han desmentido.
“Necesitamos que nos digan la verdad, tenemos que saber lo que ocurrió, por lo menos yo enterré a mi hijo, pero mis compañeras viven en la incertidumbre”, dijo, ante el auditorio, Bertha Goez.
El drama de la Operación Orión, según la Corporación Jurídica Libertad, se cuenta en cifras: hablan de presuntamente 80 civiles heridos, 17 homicidios atribuidos a la Fuerza Pública, 71 personas asesinadas por los paramilitares, 12 torturados, 92 desapariciones forzadas registradas y 370 detenciones arbitrarias.
No obstante, también están quienes consideran que esa operación era necesaria. A la misma hora del evento, el gobernador Luis Pérez, para esa época alcalde de la ciudad, explicaba a medios que con el operativo se “encontraron fábricas de armas, 17 personas secuestradas, carros bomba con planes de ser detonados. También se desmanteló el secuestro express. Luego de la operación se pudo hacer presencia del Estado en la zona y los homicidios al año siguiente se redujeron en 1.200”.
En busca de alivio, las víctimas de la Comuna 13 acudieron ayer al Santuario de Santa Laura Montoya a contarle a los magistrados de la JEP Reinere de los Ángeles Jaramillo, María del Pilar Valencia y Gustavo Salazar y los representantes de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y de la Comisión de la Verdad lo que ocurrió durante la Operación Orión y a pedir justicia en este caso, que tiene investigaciones en los juzgados y tribunales del país, pero solo cuatro condenas, y ninguna vincula a miembros de la Fuerza Pública.
Las organizaciones de víctimas prepararon, además de sus relatos, informes, todavía preliminares, en los que documentaron 16 años de investigaciones hechas por ellas mismas.
“Son testimonios de lo que ha venido sucediendo, porque uno de los problemas que tenemos es la impunidad, es lo más tormentoso, lo más difícil de soportar, como si el mundo nos dijera que aquí no pasó nada”, dijo a EL COLOMBIANO la hermana misionera Rosa Cadavid, quien por años ha trabajado con las víctimas.
La tarea de la JEP
Visiblemente compungidos los magistrados escucharon uno a uno los relatos de las víctimas y prometieron tenerlas siempre en el centro de la justicia para la paz.
“Llevamos varios meses pensando cómo hacer que ustedes, las víctimas, estén efectivamente en el centro de esta jurisdicción, la entrega de estos informes nos ayudan a cumplir ese mandato. Estamos tratando de acercarnos a ustedes no solo como jueces sino como seres humanos”, señaló el magistrado Salazar.
A su turno, la representante de la Unidad de Búsqueda, Liz Arévalo, aseguró que el material va a servirles para cumplir con la tarea de dar con los desaparecidos en Colombia, en especial los de la Comuna 13. “Honramos a sus seres queridos desaparecidos y esperamos que nuestra labor permita darles consuelo. Ojalá encontrarlos, pero si no es posible, que al menos conozcan todas las gestiones que hicimos para hallarlos”.
Los informes son los insumos con los que parte la jurisdicción. Su tarea, en adelante, es contrastarlos con los informes de la Fiscalía, la justicia ordinaria, Justicia y Paz y la jurisdicción internacional (Corte IDH) que ya condenó al Estado por algunos de los excesos cometidos durante la Operación Orión.
Aún es temprano para asegurar que este caso sea priorizado por la JEP, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad tiene un insumo para hacer que la primera operación militar conjunta en zona urbana del país sea investigada por la justicia.
