Un informe publicado este miércoles por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos señaló a la Policía como la responsable de, al menos, 28 de las 46 muertes ocurridas en medio del paro nacional que inició el pasado 28 de abril y se extendió por más de dos meses.
"Existen motivos razonables para afirmar que, en al menos 28 de estas muertes, los responsables habrían sido agentes de la Policía y que, en al menos 10 de esas 28 muertes, estarían involucrados miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional", indicó el informe de la ONU.
En el documento "El paro nacional 2021. Lecciones aprendidas para el ejercicio del derecho de reunión pacífica en Colombia", la representante en el país de la Oficina de la ONU para los DD.HH., Juliette de Rivero, explicó que ese organismo recibió alegaciones de muertes de 63 personas en el contexto de las protestas.
"Hasta la fecha, la Oficina ha verificado 46 muertes, de las cuales 44 eran civiles y dos eran policías. De las muertes documentadas, el 76% de las víctimas murieron por heridas de bala", señala el informe presentado este miércoles de forma virtual por Rivero.
La ONU presentó el pasado lunes un informe independiente solicitado por la Alcaldía de Bogotá sobre las acciones de la Fuerza Pública en las violentas jornadas de manifestaciones tras la muerte de Javier Ordoñez en septiembre de 2020 y dicho documento concluyo que la Policía es responsable de 11 de las 14 muertes que se presentaron durante esos días.
Tras la presentación de ese informe, la vicepresidente y canciller, Marta Lucía Ramírez, rechazó las conclusiones de la ONU y pidió a la oficina de Juliette de Rivero que utilizara los “canales diplomáticos” para hacer sus recomendaciones y observaciones.
“Para el Estado colombiano es fundamental que la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en Colombia, representante Juliette de Rivero, utilice los canales diplomáticos para hacer al Gobierno sus recomendaciones, observaciones y preocupaciones porque así es como se debe hacer”, expresó Ramírez.
La Vicepresidente Canciller recordó que el Gobierno tiene “una relación institucional y de confianza” con todo el sistema de Naciones Unidas a su vez que reiteró, a nombre del Gobierno, el rechazo a la muerte de los colombianos en el desarrollo de las protestas.
“Este es un Gobierno que rechaza la muerte de cualquier colombiano, que se conduele con la pérdida de vidas, sobretodo con las que hayan surgido en Colombia en desarrollo de protestas y disturbios”, añadió la alta funcionaria.
El informe presentado por la ONU este miércoles se enfoca que los hechos que ocurrieron en medio de los choques que se presentaron entre el 28 de abril y el 31 de julio pasado, cuando el país fue sacudido por una oleada de protestas en diferentes ciudades.
Ese estallido social tuvo su origen en el rechazo colectivo a un proyecto de reforma tributaria presentado por el Gobierno al Congreso y que finalmente, por la presión popular, fue retirarlo de la agenda legislativa por el presidente Iván Duque.
Abuso de la fuerza
Las cifras presentadas por la Oficina de la ONU discrepan de las del Gobierno, según las cuales las autoridades, encabezadas por la Fiscalía General de la Nación están investigando 29 muertes en el contexto de las protestas.
"Tenemos razones fundadas para sostener que en los casos de uso innecesario y/o desproporcionado de la fuerza resultaron violaciones a los derechos humanos tales como las privaciones arbitrarias de la vida por parte de la fuerza pública", afirmó Rivero.
Otro aspecto que aborda el informe es que "actores no estatales habrían matado a 10 personas, mientras que no existe información suficiente para establecer la autoría de la muerte de ocho personas".
El documento también se refiere a otros incidentes que demuestran un "uso inapropiado e indiscriminado de armas menos letales por parte de la Policía, en violación de los estándares internacionales".
Para la representante de la ONU en Colombia, "todos los presuntos implicados en causar lesiones o muertes, incluyendo agentes del Estado, deben ser objeto de investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes".
"El Estado debe garantizar también el derecho de las víctimas a una reparación integral. Las medidas tomadas por las autoridades para investigar y perseguir penalmente estos abusos son bienvenidas", dice el informe que además afirma que el Estado colombiano no logró mantener un entorno seguro para los manifestantes en numerosas ocasiones.
