La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) en Colombia reportó que 1.946 indígenas y campesinos han tenido que desplazarse forzosamente en Tierralta (norte) desde mediados de abril por los “continuos combates” entre la fuerza pública y un grupo armado.
Se trata de 468 familias de 30 comunidades indígenas de tres cabildos del Resguardo Emberá Katío del Alto Sinú y de comunidades campesinas de la vereda Naín, en Tierralta, que “se encuentran en situación de desplazamiento masivo en el parque principal de Montería” desde el 19 de abril, según informan en un boletín.
Además de estos desplazados en la ciudad de Montería, otras 294 personas también tuvieron que desplazarse a la comunidad de Zabaletas, más al sur, y ahí fueron confinados por las restricciones a la movilidad que presentan los enfrentamientos y el hecho de que los alrededores han sido sembrados de minas antipersonales, que les impide cazar, pescar o cultivar.
“Por todo el contexto mencionado, preocupa la precaria situación de alojamientos, salud, seguridad alimentaria y protección de las comunidades en situación de desplazamiento ubicadas en el centro de Montería, como las que se encuentran desplazadas, confinadas y en riesgo, ubicadas en zona rural de Tierralta”, aseguró la OCHA.
La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana el pasado diciembre de 2019 por la amenaza que constituía a la población de Tierralta los choques en esta zona entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (o Clan del Golfo, el principal grupo criminal del país), una facción disidente de las extintas FARC y el bloque Virgilio Peralta Arenas (también llamados Caparros, cuya extinción anunció este mes el Gobierno).
Estos grupos armados se disputan el control del territorio y los corredores de movilidad para el tráfico de armas y los primeros eslabones de la cadena del narcotráfico.
