El matrimonio entre parejas del mismo sexo es un hecho. La Sala Plena de la Corte Constitucional aprobó, con seis votos a favor y tres en contra, la ponencia del magistrado Alberto Rojas Ríos que permite este tipo de uniones entre personas de la comunidad Lgbti (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales). La sentencia, que estará disponible en 15 días máximo, señala que los notarios están obligados a casarlas. Establece además que las uniones solemnes que se presentaron desde 2013 entre parejas gay serán consideradas matrimonios.
La Corte ratificó la decisión que tomó el pasado 8 de abril, cuando negó una ponencia del magistrado Jorge Pretelt que anulaba la posibilidad de aprobar el matrimonio igualitario. Tras esta negativa, el magistrado Alberto Rojas Ríos procedió a elaborar una ponencia que recogiera la posición positiva de la mayoría de magistrados. Esta fue presentada ayer y avalada por seis magistrados. Uno de los argumentos centrales de la ponencia fue que el Congreso tuvo 21 proyectos de ley para hacer realidad el matrimonio igualitario y no lo hizo. Por esta razón la Corte actuó para proteger los derechos de la comunidad Lgbti.
En las notarías siguen esperando la autorización del Superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, para empezar a casar a las parejas del mismo sexo: “Estoy esperando a que llegue la notificación de la Corte para proceder. Nosotros obviamente cumpliremos con lo que diga la sentencia”.
Para el magistrado Rojas, las uniones solemnes que eran utilizadas como figuras para legalizar la unión entre parejas del mismo sexo vulneraba sus derechos. Para que la comunidad Lgbti tenga igualdad ante la ley, debe tratarse de un matrimonio. Por esta razón, dijo en rueda de prensa que desde 2013 “todas las personas que hayan celebrado una unión solemne serán amparadas por el matrimonio civil y esta sentencia”. Otro punto importante es que se le negará a los notarios la posibilidad de utilizar la objeción de conciencia para no tramitar estos matrimonios.
Con esta sentencia, dijo María Victoria Calle, presidenta de la Corte, se “asegura el goce efectivo a fundar una familia sin discriminación, en libertad y con dignidad. Los jueces, notarios y registradores del estado civil deben asegurar el ejercicio de los derechos fundamentales”.
