Las pesquisas para esclarecer las irregularidades en el contrato por $1,07 billones con el que el Ministerio de las TIC planeaba proveer conectividad gratuita a jóvenes en zonas rurales no se detienen. Y, como jefa y cara visible de esa cartera, la ministra Karen Abudinen tendrá que presentarse en el Congreso en dos escenarios distintos para responder a los cuestionamientos que le harán por el anticipo de $70.000 millones que se le hizo a la Unión Temporal Centros Poblados, con la que se firmó el contrato.
La alta funcionaria deberá asistir a la Cámara de Representantes, donde fue citada a un debate de control político (25 de agosto) y enfrentar una moción de censura (3 de septiembre) por el riesgo de pérdida del cuantioso monto entregado al contratista. Las dos citaciones se son paralelas al trabajo que Fiscalía y Contraloría adelantan sobre este caso de aparentes irregularidades en contratación estatal.
Para el representante León Fredy Muñoz, quien citó al debate del miércoles, la ministra debe “responderle al Congreso y al país por qué está en riesgo de pérdida esta millonaria suma de recursos públicos”, que habían sido destinados para crear 7.277 centros digitales que beneficiarían a menores de 16 departamentos del país.
Por otra parte, después de estar enredada por 12 días, la moción de censura fue citada oficialmente por la presidenta de la Cámara, Jennifer Arias. “Daremos garantías a los citantes y a los citados. La moción cumple con todos los requisitos. Es importante tener respuestas claras respecto a esta situación”, expuso la congresista.
Ante la polémica que surgió por los incumplimientos y aparentes irregularidades en la ejecución del millonario contrato, EL COLOMBIANO recopiló los detalles de este caso, en el que están en riesgo dineros del erario que fueron entregados a particulares.
El 9 de diciembre de 2020, el MinTic adjudicó la licitación del contrato de $2,1 billones para garantizar conectividad a 14.745 colegios en zonas rurales del país. Cerca de la mitad de este proyecto fue adjudicada a la Unión Temporal Centros Poblados, que tenía a cargo conectar a 7.277 centros digitales en el Amazonas, Arauca, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca, Vichada y Bogotá.
Posterior a esta adjudicación, en febrero de 2021 el MinTic entregó a la unión temporal un anticipo de $70.000 millones para que le entregara (el 30 de abril) 750 escuelas rurales conectadas, pero las obras no se realizaron. “Citamos a una audiencia por presunto incumplimiento para pedir explicaciones al contratista por su retraso en la ejecución del contrato”, aseguró Abudinen.
En esa citación fue incluido el banco Itaú, que figuraba como la entidad garante del contratista, pero este informó en la respectiva audiencia que no había expedido las tres garantías bancarias que presentó la UT Centros Poblados en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop II).
Eso quiere decir que además del incumplimiento, el contratista no tenía la garantía bancaria exigida por ley y habría presentado documentos falsos, por lo que el MinTic inició en junio un proceso de caducidad, instauró una denuncia ante la Fiscalía y puso el caso en conocimiento de la Contraloría y la Procuraduría.
Tras el inicio de ese proceso y en medio de las investigaciones, desde la unión temporal se aseguró, a través de su representante legal, Luis Fernando Duque que no era cierto que el anticipo estuviese perdido y que por el contrario, la totalidad del dinero del anticipo se invirtió en equipos e insumos para la materialización de las obras adjudicadas.
Estos elementos, de acuerdo con el apoderado del contratista, fueron adquiridos con dos empresas: una nacional y una extranjera, Inselsa y Nuovo Security LLC, respectivamente. A esta última, según argumentaron, le desembolsaron $58.301 millones y a la primera $11.942 millones.
Posteriormente, el 13 de agosto se oficializó la declaratoria de caducidad del contrato y las firmas que hacen parte de la unión temporal (ver Para saber más) fueron inhabilitados por cinco años para contratar con el Estado, y cesaron automáticamente cualquier contrato que tuviesen vigente con entidades del Estado, a nivel nacional o regional.
¿Dónde estuvo la falla?
Jorge Beltrán Pardo, experto en contratación y compras públicas, planteó que un aspecto a revisar con lupa en este caso es el de la vigilancia y autorización de las garantías bancarias aparentemente falsificadas que presentó el contratista. “La ley establece que la entidad debe aprobar la garantía antes de iniciar la ejecución y la aprobación de esta implica un mínimo de diligencia para validar que el instrumento realmente existe”, expuso.
Esa responsabilidad el MinTic se la delegó a la SesColombia S.A.S, firma que dio luz verde a la ejecución del contrato tras la supuesta revisión de los documentos. “No es posible que una entidad con tanta experiencia y reconocimiento, contratada desde 2015, no se dio cuenta de la no expedición de la garantía por parte de Itaú”, dijo Abudinen.
En ese sentido, la ministra aseguró que ordenó el inicio de la actuación administrativa sobre SesColombia S.A.S para establecer su responsabilidad en caso. Dentro de ese proceso, la Fiscalía realizó una visita a la empresa para recopilar la información que pueda ser útil para la investigación y entrevistó a sus empleados.
“En este momento el dinero de los colombianos está en absoluto riesgo porque no hay garantía que respalde esas obligaciones (del anticipo) y en este momento el dinero que no logre embargar el Ministerio de las TIC será de difícil recaudación”, dijo Beltrán.
Precisamente, la ministra ordenó el 20 de agosto el embargo (por $70.000 millones) de las cuentas bancarias, inmuebles y vehículos de la UT Centros Poblados, proceso que está en marcha en búsqueda de recuperar los dineros entregados en anticipo.
Tras esta medida y la declaratoria de caducidad, dicho contratista anunció que considera demandar al Estado por al menos $8 billones por los daños y perjuicios que estas decisiones le acarrearían.
Tras hacer frente a los procesos judiciales, ahora la alta funcionaria tendrá que alistarse para dar la cara ante el Legislativo en el debate de control y la moción de censura a los que fue citada y en los que le pedirán explicaciones.
A pesar de que la oposición ha pedido su renuncia, Abudinen ha respondido que no contempla dejar el cargo y cuenta con el respaldo público del presidente Iván Duque para seguir en esa cartera. Dijo que el dinero no se perderá
