El fin de semana pasado, las vidas de dos menores de edad indígenas fueron segadas por la explosión de una mina antipersonal instalada en su resguardo, ubicado en la vereda Murrí, de Frontino (Occidente antioqueño). Después de la detonación, los menores de 12 y 17 años esperaron por horas la atención médica, pero murieron antes de que el socorro llegara.
Esa es la práctica que los grupos armados ilegales, los de antes y los de ahora, han hecho para adueñarse del territorio. Así aíslan y confinan a las comunidades más apartadas y vulnerables.
“Es preocupante que más de 27.600 habitantes hayan estado confinados en 2019 debido a las acciones de los grupos armados y a la presencia de explosivos”, señaló en su balance anual el Comité Internacional de la Cruz Roja.
En ese informe , presentado la semana pasada, el CICR asegura que el 83 % de los confinados están de Chocó, “un departamento sumido en condiciones de pobreza apremiantes e históricas necesidades básicas insatisfechas”.
Y Murrí queda en un corredor que el Eln y el Clan del Golfo pretenden consolidar entre Chocó y Antioquia para el tráfico de drogas y armas.
Por eso la Organización Indígena de Antioquia insistió en “rechazar categórica y públicamente la presencia de actores armados al margen de la ley que vienen haciendo tránsito indiscriminado e instalando minas antipersonal en nuestros territorios, obedeciendo a una disputa armada territorial en los resguardos”.
Hace cuatro meses otro comunero murió al pisar una mina en ese municipio.
Un panorama preocupante
De acuerdo con Descontamina Colombia, la agencia oficial que hace monitoreo a los eventos con minas antipersonal en el país, en 2019, 111 personas fueron víctimas de estos explosivos, de ellos, ocho murieron. (Ver infografía)
Esto comparado con 2018 representa una disminución del 37 %, pero sigue siendo preocupante, sobre todo si se tiene en cuenta que el informe del CICR habla de 159 afectados. “Nuestro monitoreo se da en el territorio en tiempo real. Difiere de las cifras oficiales porque Descontamina Colombia solo incluye los casos acreditados ante la autoridad municipal, mientras el CICR toma por su propia cuenta cada caso, que incluye a combatientes”, explicaron desde ese organismo.
Las zonas más afectadas por el fenómeno son Chocó, Nariño, Bajo Cauca antioqueño, Arauca, Catatumbo (Norte de Santander), Norte del Cauca, Caquetá, Meta y Córdoba.
Según el CICR, la amenaza de las minas desplazó a 25.300 personas el año pasado. “Este panorama desalentador muestra que todos los actores armados en Colombia aún irrespetan las reglas mínimas de la guerra y dejan a la población civil frente a las peores consecuencias de sus acciones”.
EL COLOMBIANO buscó a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz para consultarle sobre los esfuerzos institucionales para hacerle frente a una problemática que no cesa, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.
La mirada militar
De acuerdo con el general Juan Carlos Ramírez, comandante de la Séptima División del Ejército, en su jurisdicción que es Antioquia, Córdoba y Chocó, el Eln, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo siembran minas a su paso.
“El interés de esas organizaciones es proteger los cultivos de coca y los corredores de movilidad de sus economías ilegales como el narcotráfico y la explotación ilegal de yacimientos mineros”, anotó el alto oficial.
Para hacerles frente, el Ejército realiza las labores de desminado militar, ya que las zonas de disputa armada no están habilitadas para el desminado humanitario. “Nuestros desminadores van delante de la tropa para garantizar su seguridad”.
Ahora, una labor diferente es la realizada en Bojayá, Chocó, tras los lamentos de las comunidades que al verse confinados exigieron la intervención estatal.
“Allí ya hemos despejado dos de las zonas priorizadas en Pogue y Piedra Candela, para un total de 210.000 metros cuadrados, sin encontrar todavía ningún artefacto”. Entonces las acciones se dirigirán a Lomas de Bojayá y Corazón de Jesús.
El general aclaró que lo importante no es encontrar minas sino darle tranquilidad a la comunidad de que su territorio no está afectado por estos explosivos, así como el Estado se lo ha dado a los habitantes de 391 municipios del país que han sido declarados libres de sospecha de minas antipersonal..
