Por RICHARD AGUIRRE FERNÁNDEZ
Las cifras de maltrato infantil en Colombia no están unificadas. Prueba de ello es que, por ejemplo, entre enero y julio de este año Medicina Legal reportó 3.014 casos, mientras que la Policía de Infancia tiene un registro de poco más del doble: 7.018.
Esto lo que hace es dificultar la garantía de los derechos de los niños, según concluye una investigación realizada por la agencia Pandi –dedicada a velar por los derechos de la niñez– y la organización Save The Children en el país.
Ximena Norato, directora de Pandi, asegura que “como el país no cuenta con un sistema único de información y seguimiento de cada niño, esto no facilita la política pública de infancia, que busca prevenir las violencias”.
Norato, plantea que, por ejemplo, un niño puede llegar a un hospital y según la madre se cayó por las escaleras, pero en realidad el médico identifica que las lesiones son señales de maltrato. Luego, la mujer lleva al niño a un hospital de otra ciudad y no hay seguimiento del caso, entonces “cuando dicen que el Bienestar Familiar no opera, pues la realidad es que no tiene cómo identificar el caso, porque no hay una hoja de ruta que permita el seguimiento”.
María Paula Martínez, directora de Save The Children, asegura que el fenómeno de la violencia contra la niñez en los hogares “no es alentador, y ello es corroborado por los más de 55.000 casos que se han presentado entre 2015 y 2020”. Casi 11.000 cada año.
¿Qué hacer, entonces?
La exdirectora de la entidad y hoy diplomática en Nueva Zelanda, Juliana Pungiluppi, destaca que hay que distinguir lo que atiende cada entidad. Asegura que “sí falta tener los datos de los procesos administrativos de restablecimiento de derechos (Pard) que abren las Comisarías de Familia, que tienen presencia en cerca del 80 % del territorio nacional”.
Lo mismo plantea Medicina Legal, que en su publicación Forensis (que recoge los datos de violencia) del año pasado, señaló que para estudiar la violencia en el país y plantear soluciones, “hace falta la cooperación interinstitucional para así tomar acciones efectivas que puedan impactar positivamente en la reducción de los eventos violentos”.
La realidad, agrega Pungiluppi, es que hoy “no existe un sistema único que compile esta información”, lo que lleva a las consultadas a coincidir en que lo ideal es que exista un sistema que permita monitorear al menor de edad que ha sido víctima durante toda la ruta de atención, desde su ingreso al sector salud.
“Esto implicaría interoperabilidad de los sistemas entre sector salud y las instituciones del Grupo Intersectorial Especializado, propuesto en la Alianza Nacional contra la Violencia hacia niños, niñas y adolescentes para reducir impunidad a partir de la recolección de pruebas robustas”, concluye Pungiluppi .n
