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Colombia | PUBLICADO EL 24 febrero 2023
Niegan intento del expresidente de la Corte Suprema Leonidas Bustos de cambiar a sus jueces
Bustos recusó a los magistrados que están llevando su caso, como última opción para apelar. El recurso fue negado.
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Aún no se ha dictado sentencia en su contra, continua el proceso de indagación. Foto: Cortesía.
EL COLOMBIANO
El expresidente de la Corte Suprema de Justicia Leonidas Bustos no se librará del proceso legal que se adelanta en su contra por el conocido Cartel de la Toga.
Su último recurso de apelación fue una recusación contra los magistrados que lo investigan y que avalaron su orden de captura a finales de marzo de 2022. Además, Bustos intentó quitarle validez al principal testigo que tenía la defensa en su contra, Luis Gustavo Moreno Rivera, el capturado exjefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía.
Bustos también había señalado a la Sala de Instrucción de falta de integridad, conocimiento e imparcialidad. “El juicio en mi contra se torna fatalmente en un remedo de juicio, en una caricatura de juicio”, dijo en su momento.
El exmagistrado quería que Jorge Emilio Caldas, Ariel Augusto Torres y Blanca Barreto Ardila no continuaran al frente del proceso, lo que pudo haber representado un truncamiento del mismo, pues eso hubiera significado el nombramiento de conjueces que hubieran tenido que evaluar desde cero el caso.
Bustos niega haber participado del Cartel de la Toga, pero con este nuevo paso, seguirá vinculado al proceso y deberá responder por los delitos que se le acusan de concierto para delinquir, cohecho propio y tráfico de influencias de servidor público.
Según las autoridades, hay pruebas suficientes que lo señalan de haber sido parte de una red que exigía millonarias comisiones a cambio del retraso y entorpecimiento de procesos contra aforados constitucionales.
Por ejemplo, se cuenta con una grabación en la que el entonces jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General Luis Gustavo Moreno habla con el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons Muskus, en donde se los escucha intercediendo para retrasar una orden de captura a los implicados en el Cartel de la Hemofilia y por desfalco en los recursos de regalías en ese departamento.
En esa conversación, Moreno mencionó a Bustos, señalando que él había intervenido de manera directa en los casos de los entonces senadores Musa Besaile, Álvaro Ashton y Hernán Francisco Andrade Serrano y el exgobernador Luis Alfredo Ramos Botero.
Según declaraciones de Moreno, el exmagistrado recibió $200 millones como anticipo de los $600 millones que había sido el valor pactado para impedir las capturas de Besaile y Ashton por parapolítica y fue él quien entregó personalmente, mientras se encontraba en su apartamento en el barrio Ciudad Salitre, al occidente de Bogotá.
La entrega de este y otros dineros con los mismos fines fueron a cargo de por Luis Gustavo Moreno junto al abogado Vadith Orlando Gómez Reyes.
Las autoridades encontraron que con ese dinero el exmagistrado se había comprado un reloj de $42 millones en la joyería Cartier en el Centro Comercial Andino, compra que realizó en efectivo y a nombre de Ricardo Beltrán Rivera.
Es por eso, que para la Corte Suprema Bustos es culpable, ya que existen estas, y otras pruebas para vincularlo con este escándalo de corrupción. “(....) se concertó con funcionarios y particulares para abordar aforados investigados por la Corte Suprema y ofrecerles decisiones contrarias a derecho a cambio de cuantiosas sumas de dinero”.
Semana también recogió que Bustos usó al abogado Luis Gustavo Moreno Rivera, para que ofreciera el dinero y fijara la forma en que debía hacer los adelantos de este.
“Así se hizo en los casos de los senadores Besaile Fayas y Ashton Giraldo, en especial en este último, en el que Moreno Rivera lo abordó y le exigió un pago inicial de 600.000.000 de pesos, de los cuales entregó 200.000.000 de pesos a Bustos Martínez, por orden del también exmagistrado Francisco Ricaurte”, precisa la decisión.
A la fecha, ya han sido condenador los exmagistrados Francisco Javier Ricaurte, sentenciado a 19 años de cárcel, y Gustavo Malo Fernández a nueve años y diez meses. El primero, por archivar, desviar y suspender procesos contra aforados constitucionales; y el segundo, por el entorpecimiento de proceso de aforados.
Camilo Tarquino Gallego, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, también salpicado por ser parte de el Cartel de la Toga, atraviesa en estos momentos un juicio, por el delito de concusión –petición de sobornos–, y asociación para la comisión de un delito contra la administración pública.
