La exesposa del hijo del presidente podría llegar a un preacuerdo o firmar un principio de oportunidad para esclarecer este tema. Lo anterior, a cambio de eventuales beneficios judiciales.
En medio de las pesquisas que adelanta la Fiscalía por el presunto ingreso de dineros irregulares a la campaña del presidente Gustavo Petro –que llevó a la captura de su hijo Nicolás Petro Burgos, y su expareja, Daysuris del Carmen Vásquez–, podría abrirse una ventana de oportunidad a favor de Vásquez, quien podría acceder a beneficios judiciales a cambio de revelar mayores detalles alrededor del caso.
Este martes, pasadas 72 horas de su captura en Barranquilla, se tiene previsto que la Fiscalía impute a Petro Burgos los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, mientras que Vásquez tendrá que responder por lavado de activos y violación de datos personales.
Durante las diligencias, como ya anticiparon sus abogados, se tiene previsto que ninguno de los dos acepte cargos. Por su parte, el ente acusador revelará el material probatorio que tiene en contra de los imputados.
Sin embargo, en el caso de Vásquez habría posibilidad de acceder a beneficios a cambio de información valiosa. Según denunció, en plena contienda electoral de 2022, su expareja habría recibido y se habría quedado con recursos por el orden de los $1.000 millones que un exnarco –Samuel Lopesierra, conocido como El Hombre Marlboro– y un cuestionado empresario –Alfonso Hilsaca, alias el Turco Hilsaca–, habrían aportado para la campaña. No obstante, dicho dinero no fue reportado en las cuentas del entonces candidato presidencial.
Aunque la tesis es que Petro se apropió de los $1.000 millones, la Fiscalía indaga si alrededor de $50 millones sí terminaron en las arcas de la campaña, como denunció Vásquez en marzo pasado. “Simplemente (El Hombre Marlboro y el Turco Hilsaca) quisieron aportar a la campaña. Y pensaron –y creo que ellos siguen pensando–, que esa plata llegó a la campaña, o que se invirtió en parte de la campaña aquí en el Atlántico. Y si cogieron $50 millones para cubrir algún gasto de la campaña aquí en el Atlántico, fue mucho”.
Información acerca del paradero de esos recursos y cómo terminaron financiando de manera irregular la campaña Petro le significarían a Day Vásquez una ventana para negociar un principio de oportunidad o un preacuerdo con la Fiscalía que redundaría en beneficios judiciales.
Tal como lo establece la ley, en el primer caso, la Fiscalía podría suspender, interrumpir o renunciar a la persecución penal siempre que el imputado “colabore eficazmente para evitar que el delito continúe ejecutándose, o que se realicen otros”. Adicionalmente, en caso de que el imputado “se comprometa a servir como testigo de cargo contra los demás procesados, bajo inmunidad total o parcial”.
Por otro lado, frente al preacuerdo, la norma indica que es una salida ideada para que los procesos judiciales sean más rápidos con la ayuda y participación del procesado, “bien sea aceptando unos cargos, cambiando el delito cometido por otro, reparando a la víctima de los hechos y evitando gastos en tiempo y dinero”.
Alait Freja, uno de los abogados defensores de Vásquez, no descartó que “más tarde” pueda haber una negociación, pero lo condicionó a varias circunstancias en medio de la investigación.
A su turno, Juan Carlos Trujillo, abogado de Petro Burgos, denunció este lunes que durante el operativo de detención de su defendido –cuya captura fue legalizada por el Juzgado Penal Municipal 74 con funciones de control de garantías–, los agentes habrían grabado videos de Petro y su actual pareja, Laura Ojeda, mientras estaban desnudos. Lo anterior, pese a la insistencia de ambos por salvaguardar su intimidad.
A la espera de que se surta la diligencia de este martes, Juan Fernando Petro –hermano del presidente Gustavo Petro y quien también es investigado por la Fiscalía–, atizó la situación al señalar que su sobrino “jugó un papel directo” en la campaña en la Costa Atlántica. Incluso, el hermano del Jefe de Estado alegó que Petro debería abstenerse de enviar la terna a la Corte Suprema de Justicia para la elección del próximo fiscal debido a un supuesto conflicto de intereses. Lo anterior, muestra las aristas e implicaciones del caso Petro Burgos y sus efectos en la gobernabilidad del primer mandatario.
El influyente fiscal que imputará a Petro
El encargado de encabezar la diligencia en la que serán imputados cargos a Petro Burgos y a Day Vásquez será el fiscal primero delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, Mario Andrés Burgos.
Según información recogida por la revista Cambio, Burgos es de la entraña de la vicefiscal Martha Mancera, quien a su vez es la mano derecha del fiscal Francisco Barbosa. Es gracias a esas conexiones que él ha estado en el más alto círculo de confianza de la Fiscalía y, por tanto, ha manejado algunos de los casos más mediáticos del país. Entre ellos, se cuenta el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci o el expediente de la exdirectora de Finanzas Criminales de la Fiscalía, Ana Noguera.
