Por medio de una carta, las Altas Cortes expresaron su desacuerdo con la idea de crear una Corte Agraria y aseguraron que para implementar la Jurisdicción Agraria, que es la que en este momento se discute en el Congreso, es innecesario implementar una nueva alta corte. Por el contrario, presentaron otra propuesta.
Así las cosas, los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Castillo; Consejo de Estado, Jaime Enrique Rodríguez, y del Consejo Superior de la Judicatura, Aurelio Rodríguez le pidieron a la Comisión Primera no aprobar la iniciativa resaltando que muchas de las funciones que ejercería esa nueva corte ya las cumplen la Sala Civil de la Corte Suprema y el Consejo de Estado.
En el comunicado, los presidentes reconocen que es indispensable poner en marcha cuanto antes un sistema especial de justicia para la resolución de los conflictos de tierras y la protección de los derechos de propiedad en las áreas rurales. Sin embargo, destacan que “esta justicia sólo se concretará y será posible con una base judicial sólida de juzgados y tribunales especializados y dedicados exclusivamente a dirimir los conflictos de tenencia, usos y propiedad de las tierras”.
Por tal motivo, para los magistrados es más importante centrarse en crear cargos de jueces y magistrados agrarios y rurales. “Esta es la única forma de dotar de elementos materiales y herramientas jurídicas reales, mediante los cuales se cristalice y garantice el funcionamiento de la verdadera Jurisdicción Agraria requerida por los habitantes de la mayor parte del territorio nacional, azotados por la violencia y la problemática de la tierra”, indicaron.
Según las Altas Cortes, es necesario que se suprima el artículo 116 que es el que crea la Corte y que en su lugar se implemente uno nuevo que le dé competencia a la Corte Suprema sobre el tribunal de la Jurisdicción Agraria y Rural. “En consecuencia, la creación de juzgados y tribunales agrarios y rurales ofrece la respuesta judicial eficaz y efectiva adecuada al compromiso de justicia agraria”, señala la carta.
Lo que se propone es que el Consejo Superior de la Judicatura implemente de manera gradual y dentro de los seis meses siguientes a la promulgación, “la creación de los tribunales y juzgados agrarios y rurales en la jurisdicción ordinaria”.
