Colombia

La Corte corre para revisar decretos de emergencia

La urgencia de soluciones a la expansión de la covid-19 tiene al alto tribunal en una maratónica carrera por ejercer el control que le compete.

En sesiones mixtas, entre presenciales y virtuales, la Corte avanza en su tarea de control. FOTO Colprensa

Colprensa

06 de abril de 2020

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La emergencia originada por la propagación de covid-19 tocó a Colombia el pasado 6 de marzo, cuando se confirmó el primer contagio en el país. Desde ese día y hasta hoy, para contener los estragos que causa el virus, ya son 25 los decretos que ha emitido el Gobierno para solventar ayudas para los diferentes sectores económicos y la población en mayor grado de vulnerabilidad, los cuales tendrán que pasar por la revisión de la Corte Constitucional, para evitar que violen los derechos fundamentales.

Un trabajo nada fácil para los nueve magistrados del alto tribunal, que tendrán jornadas maratónicas en procura de analizar cada uno de los documentos y verificar la constitucionalidad de los mismos en el menor tiempo posible, teniendo en cuenta que hay unos con una mayor complejidad que otros.

Para no ir tan lejos, el Decreto 444, que habilita la creación del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome), ha sido el que más críticas ha recibido desde diferentes sectores. Por ello, la Corte decidió abrir un espacio para que ciudadanos y organizaciones entreguen sus conceptos y poder estudiarlo a profundidad.

Su estudio estará en manos del magistrado Carlos Bernal, quien en Sala Plena, por ahora de manera virtual, deberá exponer su ponencia luego de recolectar las intervenciones en las que podrán solicitar la exequibilidad o inexequibilidad de la norma.

Bajo la lupa también están otros decretos: el 499, en el que se establecen nuevas medidas de contratación estatal a la hora de adquirir dispositivos médicos en el exterior para controlar la pandemia, y el 507, con el que se favorece el acceso a la canasta familiar a hogares vulnerables. Las normas reposan en los despachos de los magistrados Gloria Stella Ortiz y Antonio José Lizarazo.

La plata de los territorios

El ojo de la Corte recaerá con especial interés en el controvertido Decreto 444, que indica que el Fome se alimentará con recursos del Fondo de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet) y esa idea no cayó muy bien.

“Ese decreto es abusivo e inconstitucional”, señaló en su momento la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en consonancia con parlamentarios como Iván Cepeda, del Polo, y Roy Barreras, de La U, que pidieron al Gobierno modificar la norma, porque consideran que se están poniendo en riesgo los recursos de las entidades territoriales.

Y aunque el Gobierno no hizo modificaciones a partir de los cuestionamientos, ahora será el alto tribunal el encargado de verificar si ese y otros decretos con fuerza de ley, se ajustan al ordenamiento jurídico colombiano.

Los pasos que deben surtir los decretos legislativos en la Corte Constitucional, para su debido estudio, están enmarcados en cinco labores esenciales: recibir copias de la Presidencia, fijarlas en Secretaría General de la Corte durante cinco días para que cualquier ciudadano pueda enviar su intervención escrita, luego se darán diez días al procurador general, Fernando Carrillo, para que rinda su concepto, y ahí, el magistrado ponente tiene siete días para presentar el proyecto de fallo. Luego de que se radique la ponencia, la Sala Plena, ahora virtual, contará 20 días para adoptar la decisión .